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Santiago, Ferrol, Ourense, Pontevedra y Lugo se incorporan a la Ley de Grandes Ciudades

El sistema de organización de los ayuntamientos de Santiago, Ferrol, Ourense, Pontevedra y Lugo podrá regirse por el Título X de la Ley de Grandes Ciudades, después de que los alcaldes de estos cinco municipios de más de 75.000 habitantes acordasen con la Xunta los términos del proyecto de ley que les permite su incorporación a este marco legislativo.

El borrador del proyecto lesgislativo está totalmente consensuado y existe un acuerdo pleno entre todos los implicados, por lo que se prevé que el borrador pase en los próximos días al Consello de la Xunta para convertirse en proyecto de ley, y que tarde poco más de un mes en ser definitivamente aprobado por el pleno del Parlamento.
De esta forma, estas cinco ciudades gallegas se suman a A Coruña y Vigo, que accedieron directamente al estatus de grandes ciudades por criterios de población. Cada ayuntamiento acordará en pleno el
programa de aplicación de la Ley de Grandes Ciudades según sus necesidades y capacidades, por lo que en algunos municipios su aplicación será inmediata y en otras se
demorará un poco más, pero ya en la primera división de los ayuntamientos.
La Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local o de Grandes Ciudades introduce diversas reformas en la organización de los municipios y permitirá agilizar la eficacia administrativa y la gestión local, así como habilitar nuevos cauces de participación ciudadana. La aplicación de esta legislación que entró en vigor el pasado 1 de enero permitirá un nuevo modelo administrativo en los ayuntamientos que se dotarán de una estructura administrativa más compleja, ya que crea una serie de órganos de trabajo nuevos y permite acercar los sistemas de gestión privada al ámbito municipal. Así, se modifica el régimen de organización del ayuntamiento al permitir la creación de organismos autónomos o sociedades mercantiles, lo que agiliza el procedimiento. Entre las ventajas de la Ley de Grandes Ciudades que se avanza en una mayor transparencia, control y participación ciudadana en la labor del ayuntamiento, ya que se crean órganos como la comisión de sugerencias y reclamaciones, en la que podrán participar expertos para controlar la actividad municipal.
Otra de las posibilidades que abre la nueva ley es la de incluir a personas no electas en los gobiernos de las grandes ciudades, pero los regidores minimizaron la trascendencia de esta alternativa e incluso desecharon que se aplique en un futuro próximo. En concreto, según la Ley de Grandes Ciudades, el pleno municipal queda más como un órgano de debate político y de grandes cuestiones como las ordenanzas fiscales o los presupuestos, mientras que la Junta de Gobierno se constituye como un órgano ejecutivo similar al
Consello de la Xunta o al Consejo de Ministros.
R.