A debate la reforma de la Ley Electoral de Galicia. Los tres partidos con representación parlamentaria -PSdeG-PSOE, BNG y PPdeG- se manifiestan dispuestos a consensuar los cambios, a pesar de sus diferencias
PPdeG, PSdeG y BNG están dispuestos a sentarse ante una mesa para abordar la reforma de la Lei Electoral aunque, a priori, las diferencias son mucho mayores que las coincidencias. Tras anunciar el conselleiro de la Presidencia, José Luis Méndez Romeu, en el pleno su intención de cambiar esta normativa, se han sucedido las manifestaciones a favor y en contra de esta propuesta. Los populares consideran que el nuevo gobierno quiere sacar "rentabilidad política" con esta medida, mientras que socialistas y nacionalistas consideran que "ha llegado el momento" de modificar la ley por sus "numerosas lagunas". A pesar de estas diferencias, los tres grupos políticos han anunciado que intentarán "consensuar" la nueva normativa.
El principal escollo que los separa es la intención del Ejecutivo de modificar la actual distribución de escaños de las provincias con menor población; Ourense y Lugo, ya que en las elecciones autonómicas se eligen a 14 diputados en la primera, y 15 en la segunda, mientras que A Coruña cuenta con 24 representantes en la Cámara gallega y Pontevedra con 22. Socialistas y nacionalistas consideran "desproporcionado" el actual sistema electoral porque permite que las provincias del interior tengan un "mayor peso" del que le corresponde por su población. Según el padrón municipal de Galicia a 1 de enero de 2005 publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), A Coruña cuenta con 1,1 millones de habitantes; Pontevedra, con 931.000; mientras que la provincia de Lugo residen 358.000 personas y en Ourense, 340.000 habitantes. "No es razonable lo que está sucediendo ahora. Se trata de equilibrar el actual sistema", apunta Méndez Romeu. Para el conselleiro de la Presidencia, esta reforma "no sólo" está destinada a "corregir" los desequilibrios territoriales, sino a "garantizar" la paridad de género en las listas y el secreto y la emisión del voto "en libertad", especialmente en la emigración. También apuesta por revisar las causas de "incompatibilidad e inelegibilidad", así como reflexionar sobre la posibilidad de reducir del cinco al tres por ciento el umbral mínimos de votos para tener representación parlamentaria. Su intención es que el proyecto de ley esté en la Cámara en el primer semestre de 2006. Pero antes quiere dialogar y hablar con "todas las partes" para que esta reforma tenga el "máximo consenso".
Los tres partidos están dispuestos a dialogar, aunque el PPdeG ya ha advertido que "no tolerará" que se le reste representatividad a Lugo y Ourense. Una postura que comparten los presidentes de las diputaciones de estas provincias, Xosé Luis Baltar en Ourense y Francisco Cacharro, en Lugo, e incluso el alcalde de Lugo, el
socialista Xosé Clemente López Orozco. Baltar llegó a calificar la reforma electoral de "totalitaria" y criticó a BNG y PSdeG por intentar buscar "réditos electorales". Por su parte, Cacharro destacó que la actual legislación recoge un "equilibrio entre población y territorio" y descartó una reforma basada "sólo" en criterios poblacionales. Una posición que también comparte López Orozco, quien aboga por buscar una "proporcionalidad" entre las provincias que tenga en cuenta la dispersión y el envejecimiento de la población. "Lugo y Ourense tienen menos diputados porque perdemos población, tuvimos menos inversiones y fuimos las grandes olvidadas", apunta al subrayar que "gracias" a estas provincias, Galicia ha sido Objetivo número uno de la UE durante "tantos años". Orozco considera un "castigo" la posibilidad de que Lugo y Ourense pierdan escaños. Por ello, pide que todos los partidos consensuen esta norma y apuesta por que se aumenten los diputados de A Coruña y Pontevedra, pero sin "quitarle nada" al resto.
Esta es una de las posibilidades que estudia Méndez Romeu y que
defiende su partido. El portavoz parlamentario del PSdeG, Ismael Rego, aboga por buscar un "equilibrio" entre población y territorio. "Para ello hay que establecer los consensos necesarios", apunta. Por ello, pide al PPdeG que no utilice esta cuestión como "arma arrojadiza" contra el Gobierno."Nosotros estamos dispuestos a hablar, pero no aceptamos imposiciones partidistas", contesta a Europa Press el viceportavoz parlamentario del PPdeG y presidente provincial de este partido en Lugo, Xosé Manuel Barreiro. Así, considera una "discriminación absoluta" que se intente privar a Lugo y Ourense de su "legítima" representatividad electoral y cree "fundamental" que ambas provincias conserven su actual estatus. Además, destaca que el actual reparto por escaños es "equilibrado" porque Pontevedra y A Coruña tienen 46 parlamentarios por los 29 de Lugo y Ourense. "PSdeG y BNG quieren sacar más rentabilidad política a costa de las provincias costeras", apunta. "Los que tenían que estar cabreados son los ciudadanos de Pontevedra y A Coruña porque su voto vale el doble que el de las otras", rebate Rego.
También el portavoz nacionalista en el Parlamento, Carlos Aymerich, considera "desproporcionado" el actual sistema y aboga por un "diálogo tranquilo". "No sólo se trata de ver si Lugo y Ourense pierden escaños. Hay más cosas", apunta al introducir en este debate la posibilidad de convertir a Galicia en circunscripción única. Una cuestión que no gusta ni a socialistas ni a populares. Asimismo, Aymerich considera necesario que, paralelamente a la reforma de la ley electoral, se proceda a una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral Central, una competencia del Gobierno español. "No se puede cambiar la ley gallega sin que se modifique la estatal", defiende ante Europa Press. El PSdeG no está de acuerdo con esta petición nacionalista ya que considera que corresponde al Ejecutivo central, y no al gallego, cambiar las leyes estatales. "Para eso tiene el BNG dos diputados en el Congreso y lo pueden formular perfectamente allí", afirma Rego. "Eso ya se verá, porque el Parlamento gallego puede instar a que el Gobierno cambie la ley estatal", replica Aymerich. En este sentido, argumenta que la reforma electoral de Galicia tiene que abordar la limpieza y la identidad del voto emigrante. "Hay que analizar quien puede votar, porque no es lógico que voten nietos de gallegos en Argentina, pero no lo puedan hacer los gallegos que viven en otras partes del Estado", aclara. El portavoz nacionalista considera que la reforma tiene que servir para incrementar la "proporcionalidad" entre los electores y los
elegidos y aclara que, en este sentido, hay que tener en cuenta a los residentes ausentes. "Hay aún mucho de lo que hablar", avanza. Sin embargo, tal y como confirma Méndez Romeu, la Xunta "aún no ha redactado la ley". "Se están estudiando diversas cuestiones", apunta al subrayar que, finalmente, saldrán adelante las aportaciones que tengan un "gran consenso" y que signifiquen una "verdadera modernización" de la ley actual. Por ello, se muestra convencido de que la reforma se aprobará con un "amplio consenso".
La modificación de la ley será presentada, primero, al Consello de la Xunta, que dará su aprobación para que sea presentada en la Cámara. Una vez en el pleno, los partidos podrán realizar sus aportaciones definitivas, aunque socialistas y nacionalistas avanzan que la propuesta que vaya al Parlamento estará "prácticamente consensuada", al menos, entre ambas formaciones. Su intención es que el PPdeG también participe y "dé aportaciones" a la nueva ley para que esta pueda ser aprobada por unanimidad. No obstante, la reforma puede salir adelante únicamente con los votos de PSdeG y BNG.
El principal escollo que los separa es la intención del Ejecutivo de modificar la actual distribución de escaños de las provincias con menor población; Ourense y Lugo, ya que en las elecciones autonómicas se eligen a 14 diputados en la primera, y 15 en la segunda, mientras que A Coruña cuenta con 24 representantes en la Cámara gallega y Pontevedra con 22. Socialistas y nacionalistas consideran "desproporcionado" el actual sistema electoral porque permite que las provincias del interior tengan un "mayor peso" del que le corresponde por su población. Según el padrón municipal de Galicia a 1 de enero de 2005 publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), A Coruña cuenta con 1,1 millones de habitantes; Pontevedra, con 931.000; mientras que la provincia de Lugo residen 358.000 personas y en Ourense, 340.000 habitantes. "No es razonable lo que está sucediendo ahora. Se trata de equilibrar el actual sistema", apunta Méndez Romeu. Para el conselleiro de la Presidencia, esta reforma "no sólo" está destinada a "corregir" los desequilibrios territoriales, sino a "garantizar" la paridad de género en las listas y el secreto y la emisión del voto "en libertad", especialmente en la emigración. También apuesta por revisar las causas de "incompatibilidad e inelegibilidad", así como reflexionar sobre la posibilidad de reducir del cinco al tres por ciento el umbral mínimos de votos para tener representación parlamentaria. Su intención es que el proyecto de ley esté en la Cámara en el primer semestre de 2006. Pero antes quiere dialogar y hablar con "todas las partes" para que esta reforma tenga el "máximo consenso".
Los tres partidos están dispuestos a dialogar, aunque el PPdeG ya ha advertido que "no tolerará" que se le reste representatividad a Lugo y Ourense. Una postura que comparten los presidentes de las diputaciones de estas provincias, Xosé Luis Baltar en Ourense y Francisco Cacharro, en Lugo, e incluso el alcalde de Lugo, el
socialista Xosé Clemente López Orozco. Baltar llegó a calificar la reforma electoral de "totalitaria" y criticó a BNG y PSdeG por intentar buscar "réditos electorales". Por su parte, Cacharro destacó que la actual legislación recoge un "equilibrio entre población y territorio" y descartó una reforma basada "sólo" en criterios poblacionales. Una posición que también comparte López Orozco, quien aboga por buscar una "proporcionalidad" entre las provincias que tenga en cuenta la dispersión y el envejecimiento de la población. "Lugo y Ourense tienen menos diputados porque perdemos población, tuvimos menos inversiones y fuimos las grandes olvidadas", apunta al subrayar que "gracias" a estas provincias, Galicia ha sido Objetivo número uno de la UE durante "tantos años". Orozco considera un "castigo" la posibilidad de que Lugo y Ourense pierdan escaños. Por ello, pide que todos los partidos consensuen esta norma y apuesta por que se aumenten los diputados de A Coruña y Pontevedra, pero sin "quitarle nada" al resto.
Esta es una de las posibilidades que estudia Méndez Romeu y que
defiende su partido. El portavoz parlamentario del PSdeG, Ismael Rego, aboga por buscar un "equilibrio" entre población y territorio. "Para ello hay que establecer los consensos necesarios", apunta. Por ello, pide al PPdeG que no utilice esta cuestión como "arma arrojadiza" contra el Gobierno."Nosotros estamos dispuestos a hablar, pero no aceptamos imposiciones partidistas", contesta a Europa Press el viceportavoz parlamentario del PPdeG y presidente provincial de este partido en Lugo, Xosé Manuel Barreiro. Así, considera una "discriminación absoluta" que se intente privar a Lugo y Ourense de su "legítima" representatividad electoral y cree "fundamental" que ambas provincias conserven su actual estatus. Además, destaca que el actual reparto por escaños es "equilibrado" porque Pontevedra y A Coruña tienen 46 parlamentarios por los 29 de Lugo y Ourense. "PSdeG y BNG quieren sacar más rentabilidad política a costa de las provincias costeras", apunta. "Los que tenían que estar cabreados son los ciudadanos de Pontevedra y A Coruña porque su voto vale el doble que el de las otras", rebate Rego.
También el portavoz nacionalista en el Parlamento, Carlos Aymerich, considera "desproporcionado" el actual sistema y aboga por un "diálogo tranquilo". "No sólo se trata de ver si Lugo y Ourense pierden escaños. Hay más cosas", apunta al introducir en este debate la posibilidad de convertir a Galicia en circunscripción única. Una cuestión que no gusta ni a socialistas ni a populares. Asimismo, Aymerich considera necesario que, paralelamente a la reforma de la ley electoral, se proceda a una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral Central, una competencia del Gobierno español. "No se puede cambiar la ley gallega sin que se modifique la estatal", defiende ante Europa Press. El PSdeG no está de acuerdo con esta petición nacionalista ya que considera que corresponde al Ejecutivo central, y no al gallego, cambiar las leyes estatales. "Para eso tiene el BNG dos diputados en el Congreso y lo pueden formular perfectamente allí", afirma Rego. "Eso ya se verá, porque el Parlamento gallego puede instar a que el Gobierno cambie la ley estatal", replica Aymerich. En este sentido, argumenta que la reforma electoral de Galicia tiene que abordar la limpieza y la identidad del voto emigrante. "Hay que analizar quien puede votar, porque no es lógico que voten nietos de gallegos en Argentina, pero no lo puedan hacer los gallegos que viven en otras partes del Estado", aclara. El portavoz nacionalista considera que la reforma tiene que servir para incrementar la "proporcionalidad" entre los electores y los
elegidos y aclara que, en este sentido, hay que tener en cuenta a los residentes ausentes. "Hay aún mucho de lo que hablar", avanza. Sin embargo, tal y como confirma Méndez Romeu, la Xunta "aún no ha redactado la ley". "Se están estudiando diversas cuestiones", apunta al subrayar que, finalmente, saldrán adelante las aportaciones que tengan un "gran consenso" y que signifiquen una "verdadera modernización" de la ley actual. Por ello, se muestra convencido de que la reforma se aprobará con un "amplio consenso".
La modificación de la ley será presentada, primero, al Consello de la Xunta, que dará su aprobación para que sea presentada en la Cámara. Una vez en el pleno, los partidos podrán realizar sus aportaciones definitivas, aunque socialistas y nacionalistas avanzan que la propuesta que vaya al Parlamento estará "prácticamente consensuada", al menos, entre ambas formaciones. Su intención es que el PPdeG también participe y "dé aportaciones" a la nueva ley para que esta pueda ser aprobada por unanimidad. No obstante, la reforma puede salir adelante únicamente con los votos de PSdeG y BNG.
R.