Sesión parlamentaria: aprobados los proyectos de ley para la igualdad de las mujeres en el trabajo y de medidas urgentes para la ordenación del territorio y el litoral

El Parlamento gallego ha aceptado el proyecto legislativo que impide en un plazo de dos años construir a menos de 500 metros de la Costa y que, en palabras de la conselleira de Política Territorial, María José Caride, pretende «antes que nada, que no sigamos destrozando» el litoral. La Cámara aceptó esta norma al ser rechazada la enmienda a la totalidad del PP, que considera que tendrá serias repercusiones en sectores económicos como la construcción y creará más problemas de los que pretende resolver, señaló la diputada Pilar Rojo, para quien se trata de una «ley pantalla» de carácter electoralista.

El debate de esta iniciativa reprodujo en la Cámara los reproches de los grupos de Gobierno y oposición en relación con polémicas urbanísticas de las últimas semanas, como las de Arteixo o Gondomar, municipios gobernados por el PP, o el de Foz, por los socialistas. María José Caride sostuvo que el Gobierno pretende tratar con «esmero» la costa , «nuestra mejor carta de presentación», pero se trata de que, «antes que nada», se frene el deterioro del litoral, porque hoy en día existen claros ejemplos de degradación, en algunos casos «irreversibles».

La norma impedirá construir en unas 3.000 hectáreas de costa durante un periodo de dos años, plazo condicionado a que cada municipio adapte sus normas urbanísticas a la ley vigente, de forma que, explicó la conselleira, no será de aplicación cuando así lo hagan, y puso como ejemplo el municipio coruñés de A Pobra, que ya concluyó el trabajo.

Caride también explicó que la ley sólo afecta al 13 % del suelo urbanizable en la costa y al 1 total de Galicia, e insistió en que es una medida de futuro, porque el Gobierno no quiere «pan para hoy y hambre para mañana». También sostuvo que las medidas urgentes tratan de evitar que sean sólo unos pocos, quienes promueven las urbanizaciones, los únicos que se llevan beneficios y no la sociedad. Puso como ejemplo que en muchas ocasiones han de ser las administraciones quienes tengan que hacer frente a servicios o infraestructuras en casos de construcciones no sujetas a la legalidad. Caride también explicó que cuentan con normas similares autonomías como Asturias, Cantabria, el País Vasco o Cataluña, e indicó que en donde hay gobiernos «progresistas» se defiende el litoral. La ley es, apuntó, «necesaria, sensata, transparente y para el futuro», además de «para todos los gallegos», constituye un «verdadero instrumento de planificación» y busca que no se reproduzcan situaciones como la saturación urbanística del Mediterráneo, donde «las inversiones ya huyen a otros lugares».

Por su parte, Pilar Rojo (PPdeG) dijo a la conselleira que la ley no es «sensata», como había apuntado Caride, sino un mero «paripé» y apuntó que revela que, «en aras de una falsa honestidad, paralizará absolutamente Galicia». Indicó que con la norma se trata de «criminalizar» a los Ayuntamientos, a quienes la norma trata «en tono despectivo», y apuntó que, de salir adelante, frenaría la entre 6 y 10 años la actividad urbanística y lesionaría sectores como la construcción o el turismo.

Durante la sesión, el diputado socialista Abel Losada preguntó al PP si su modelo urbanístico es el de Arteixo, donde el alcalde popular admitió que votó en favor de licencias para empresas suyas, o Gondomar, donde dos concejales fueron detenidos por un supuesto caso de corrupción. Además, Losada apuntó que en Galicia «no se puede repetir otro Sanxenxo», uno de los municipios más saturados urbanísticamente, y citó otros casos de supuestas anomalías que afectan a zonas gobernadas por el PP como Murcia o Castilla-León.

Rojo le replicó que ningún partido «puede dar lecciones» en materia de urbanismo, pero «su partido menos que ninguno», dijo a Losada, a quien recordó el caso de Foz, gobernado por el PSOE, donde según los populares se han otorgado más licencias de construcción que en A Coruña y Vigo.

Mientras, la nacionalista Carme Dasilva reprochó al PP que no hubiese tomado medidas para la protección del litoral en 16 años, e indicó que la norma «llegamos a tiempo para parar un desastre». Ante la «ausencia de disciplina» urbanística, dijo, la situación podía suponer «el fin del litoral gallego».

Proyecto de Ley de Trabajo en Igualdad de las Mujeres de Galicia:

Por otra parte, el Parlamento gallego ha aprobado con los votos a favor de los grupos que apoyan al Gobierno -BNG y PSdeG- y la abstención del PPdeG, el proyecto de Ley de Trabajo en Igualdad de las Mujeres de Galicia. La ley aprobada, «pionera y primera que desarrolla una comunidad autónoma en la materia», según el responsable de Trabajo, Ricardo Varela, establece la creación de planes de igualdad en las empresas, implanta una marca de excelencia en las empresas y plantea el equilibrio entre sexos en la estructura y porcentaje que se determine en el Gobierno.

Además, el nuevo texto establece la integración de la igualdad en el ámbito de la prevención de riesgos laborales; la promoción de medidas de conciliación en los Ayuntamientos o la creación de un consejo de participación de mujeres en el ámbito del empleo y las relaciones laborales. Varela lamentó la postura del PPdeG, que achacó al «seguidismo» de la formación que preside Alberto Núñez Feijóo del PP en Madrid, que hace cinco días se abstuvo sobre la Ley de Igualdad.

El titular de Trabajo lamentó el «papelón» desempeñado por la portavoz popular, Susana López Abella, ya que, según dijo, la conozco y sé que lo que piensa no es lo que dice, y acusó al Grupo Popular de haber convertido el debate de la ley en una «chirigota y una caricatura» y de recurrir al «anecdotario» en vez de ofrecer argumentos para no apoyar la ley. Varela afirmó que el PP ha perdido una «magnífica» oportunidad para estar a la altura de las circunstancias, ya que el proyecto de ley ha sido apoyado, según dijo, por los empresarios, los sindicatos, las asociaciones de mujeres y por la Fegamp. «Como siempre falta el PP», se lamentó.

López Abella destacó la apuesta por el «consenso» de su grupo, que no ha presentado una enmienda a la totalidad, dijo, pero dudó de que esta ley sea el instrumento más «adecuado» para conseguir la integración laboral de la mujer en igualdad de condiciones que los hombres. La diputada del PPdeG lamentó la ausencia del vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, con responsabilidades en materia de igualdad, lo que evidencia, según dijo, la «descoordinación» existente en el Gobierno. López Abella se preguntó si Quintana y Varela interpretan la igualdad como el secretario general de Relaciones Institucionales, Antón Losada, de quien criticó el «trato impropio» ofrecido a una ex empleada del hogar «según recogen los medios de comunicación del viernes», indicó, ante lo que pidió explicaciones.

La diputada del BNG Ana Belén Pontón afirmó que existen por lo menos veinte artículos en los que se explicita la coordinación, y animó a López Abella a «ver el color que corresponde al escaño del vicepresidente durante la votación de la ley». Además, Pontón consideró «rastrero» que el PPdeG introdujese el tema de Antón Losada, y animó a los populares a que presentasen «pruebas» sobre esa acusación.

Por su parte, la diputada del PSdeG Margarita Pérez Herráiz acusó al PPdeG de estar en contra de la paridad, y defendió ésta como la mejor herramienta para introducir a la mujer en espacios económicos y del poder político «hiperocupado» por los varones.

Nota de prensa remitida por el Gabinete de Comunicación de la Consellería de Traballo de la Xunta de Galicia:

O Parlamento galego aprobou o proxecto de Lei do Traballo en Igualdade das Mulleres de Galicia, un ambicioso texto legal que ten por obxectivo conseguir que as traballadoras teñan as mesmas oportunidades que os seus compañeiros masculinos de forma real e efectiva. A Consellería de Traballo, baixo a dirección de Ricardo Varela, abordou esta normativa en permanente comunicación cos axentes sociais, laborais e económicos da Comunidade Autónoma. O resultado é un texto consensuado no que se tiveron en conta as demandas de asociacións, así como consideracións dos sindicatos e organismos de representación empresarial e que suporá unha operación política que favorecerá o crecemento do noso país.

A nova normativa fundaméntase na toma de conciencia de que a discriminación sufrida polas mulleres é a máis antiga e persistente no tempo, a máis estendida no ámbito territorial, a que máis formas revestiu ao longo da Historia, e a que afecta ao maior número de persoas. Se nos cinguimos unicamente ao terreo laboral no ámbito xeográfico galego, as cifras son reveladoras: o 54% das mulleres que traballan fóra da casa concéntranse en só o 13% das actividades; só o 4% das mulleres que traballan o fai nos sectores con máis oportunidades de traballo, nos que se emprega ao 60% da poboación; o salario medio das mulleres é o 73% do dos homes; as mulleres directivas teñen só o 20% de peso nas ocupacións de dirección; por cada 14 homes ocupados hai 10 mulleres, e por cada 10 homes parados hai 16 mulleres desempregadas; 4 de cada 10 mulleres padece precariedade laboral, que afecta sen embargo a 3 de cada 10 homes; e só o 34% dos afiliados por contra propia son mulleres.

Non se trata só dun cambio nos tempos de traballo, nin do reparto do emprego. A proposta vai moito máis alá dun asunto de horas, implica considerar a complexidade da vida diaria, os distintos tempos que a configuran e as relacións entre uns e outros para intentar unha xestión do tempo na súa globalidade, tendo como obxectivo fundamental a vida humana.

A paridade é unha proposta política na que se basean as sociedades democráticas máis avanzadas ao propoñer unha estratexia temporal destinada a distribución de recursos e de poder igualitario entre homes e mulleres. Para o Goberno galego, implantar políticas paritarias significa aplicar a esencia da democracia aos dereitos de cidadanía, porque unha democracia só está lexitimada se os seus homes e as súas mulleres poden exercer plenamente estes dereitos. En definitiva, o compromiso da Consellería de Traballo é o de ampliar os límites da democracia.

A metade da poboación, as mulleres, cada día está máis formada culturalmente, máis cualificada profesionalmente e máis decidida a participar en igualdade nos sectores produtivos. Pero, pola contra, as mulleres sofren prexuízos non cuantificables, por canto están relacionados coas súas responsabilidades fóra do centro de traballo. Nelas recaen na meirande parte dos casos as obrigas familiares que dan lugar ao que se denomina xornada interminable. Asemade, a visión negativa da maternidade deposita sobre as traballadoras unha falsa imaxe de baixa produtividade e absentismo laboral. De aí o teito de cristal que impide na práctica que as traballadoras accedan a postos de responsabilidade e decisión e, polo tanto, de maior retribución e estatus profesional.

Aínda que traballadores e traballadoras son iguais ante a lei en virtude da Constitución, o Goberno galego considera que cando un dereito neutral se enfronta a un estado de desequilibrio social entre os sexos, no que os homes están firmemente asentados nas elites políticas e sociais, este dereito é incapaz de desempeñar unha función de equiparación. A Lei do Traballo en Igualdade das Mulleres de Galicia xorde do convencemento de que a sociedade esixe un paso adiante para erradicar o paradoxo do recoñecemento legal dun dereito e a incapacidade na práctica para exercelo. Ademais, levaranos a afondar na democratización da nosa sociedade.

Esta lei inspírase na filosofía moral e política da igualdade, e isto porque a igualdade ten un carácter profundamente civilizador cando se crean as condicións que fan posible o seu desenvolvemento. Así, o seu espírito parte de que nin a reprodución humana nin a sustentabilidade da vida corresponden en exclusiva ás mulleres, senón a toda a sociedade.

O obxectivo desta lei é conseguir que as mulleres deixen de sufrir a segregación horizontal, a segregación que consiste en que as traballadoras adoitan ser ocupadas en labores que constitúen prolongacións das tarefas realizadas no ámbito doméstico, nesta ocasión retribuídas, pero cun salario normalmente moi inferior ao correspondente en traballos de igual valor realizados maioritariamente por homes.

Do mesmo xeito, a Xunta de Galicia quere actuar contra a segregación vertical, que fai que os homes ocupen os traballos máis cualificados, mellor pagados e con maior significación xerárquica. Trátase de postos cun perfil basicamente masculino que fai que a pirámide de traballo estea ocupada na base maioritariamente por mulleres, mentres que a cúspide é asoballadoramente masculina.

A Lei de Traballo en Igualdade das mulleres de Galicia establece a transversalidade no exercicio nas políticas de emprego e relacións laborais, que exercerá o departamento da Administración autónoma con competencias na área de traballo, coa colaboración co correspondente en materia de igualdade.

A norma desenvolve o concepto de boa fe ocupacional, de tal maneira que non se considerará discriminación a adxudicación de postos a mulleres por razón específica do seu sexo cando a función que vaian desempeñar así o requira. Trátase, por exemplo, dos postos relacionados coa atención a vítimas da violencia de xénero.

O texto lexislativo establece a creación dunha unidade administrativa de Igualdade dentro do departamento autonómico encargado da materia de Traballo. Este departamento traballará da man co organismo da Xunta con competencias en Igualdade e terá funcións de asesoramento en materia de xénero, coa finalidade de impulsar a participación equilibrada de mulleres e homes nos postos de traballo, así como no deseño de formación en materia de igualdade. Tamén se encargará do asesoramento ás empresas, da revisión de convenios colectivos e de elaborar vixiancia e ditames sobre o cumprimento da lei.

Para a lograr a implicación das empresas, a Lei do Traballo en Igualdade regulará os plans de igualdade que se artellen nelas, así como a súa responsabilidade social. Asemade, crea a Marca Galega de Excelencia en Igualdade. Os plans de igualdade serán de obrigado cumprimento para organismos autónomos e entidades públicas empresariais con participación da Comunidade Autónoma de Galicia. Serán voluntarios para as demais empresas, pero contarán co apoio económico e técnico a través dunha convocatoria anual da Xunta.

A concesión a unha empresa da Marca Galega de Excelencia en Igualdade virá determinada polos balances que a entidade presente á Administración autonómica sobre os parámetros de igualdade existentes na súa organización. Da concesión desta marca derivaranse dereitos e facultades relativos á súa utilización comercial, así como a consideración dos gastos destinados á implantación de plans de igualdade, subvención das cotizacións sociais por accidentes e enfermidades laborais e preferencia na adxudicación de contratos da Comunidade Autónoma.

Neste proceso, a Xunta de Galicia toma en consideración de xeito especial ás cooperativas, porque os principios deste tipo de sociedades as fan especialmente eficaces na procura de máis niveis de igualdade. Por iso a Xunta remitirá ao Parlamento un proxecto de lei para modificar a Lei de Cooperativas de Galicia, coa finalidade de que atenda ás novas necesidades do eido do cooperativismo e reforze o principio de igualdade e non discriminación por mor de sexo.

Tendo en conta que as relacións laborais en Galicia entraron nunha nova etapa, caracterizada pola inclusión dos dereitos fundamentais que van a ser amparados pola Lei do Traballo en Igualdade, neste novo escenario unha peza fundamental é a negociación colectiva.

O novo texto lexislativo elaborado pola Consellería de Traballo inclúe a creación da Comisión Consultiva Autonómica para a Igualdade entre Mulleres e Homes na Negociación Colectiva. Será un órgano de asersoramento, control e promoción da igualdade, adscrito ao Consello Galego de Relacións Laborais. Terá competencias na redacción e aplicación de cláusulas que promovan a igualdade.

En virtude da lei, impulsarase ademais un acordo marco interprofesional de ámbito autonómico sobre a igualdade de oportunidade entre mulleres e homes. Nese senso, o concepto tradicional segundo o que a igualdade e a eficiencia económica se exclúen mutuamente está obsoleto. O empresariado galego non pode nin quere anquilosarse no pasado e, por iso, implica a asunción da igualdade como parte sustancial das políticas empresariais.

A normativa establece, por outra parte, a integración do concepto de igualdade nas políticas activas de emprego e na formación profesional. Como consecuencia, en calquera actividade formativa poderán implantarse medidas de acción positiva, e serán incorporados contidos obrigatorios sobre igualdade de oportunidades e sobre corresponsabilidade familiar e doméstica, con profesorado especializado.

Do mesmo xeito, as axencias de colocación velarán pola apliación do principio de igualdade no acceso ao mercado laboral. Asemade, promoverase a incorporación de actividades feminizadas e realizadas sen remuneración á lista de cualificacións profesionais.

A lei conta cun apartado específico sobre a integración de igualdade na política preventiva de riscos laborais. Así, promove a realización de estudos para obter datos desagregados por sexo no ámbito da saúde laboral. Establece formación específica sobre saúde laboral e prevención de riscos desde a perspectiva de xénero, así como a adaptación de equipos de protección, circunstancias do posto de traballo e condicións da súa execución aos diversos condicionantes de xénero.

Asemade, fixaranse medidas para combater en orixe os riscos derivados das condicións de traballo que poidan afectar negativamente ao embarazo, o parto e a lactación natural, e realizaranse actuacións en materia de prevención de riscos laborais sobre sectores laborais feminizados.

Un dos aspectos máis innovadores da lei é o regulamento dos Bancos Municipais de Tempo e os Plans de Programación do Tempo da Cidade, medidas que xestionarán os concellos, coa colaboración da Xunta de Galicia. A súa función será contribuír á mellora da conciliación de vida familiar e laboral, e nutriranse de redes comunitarias de apoio á conciliación ou, en casos excepcionais, a través de persoal municipal ou contratado para o efecto. Neste aspecto, será un obxectivo prioritario facilitar o descanso de quen coida persoas dependentes.

Os Plans de Programación de Tempo pretenden, mediante a coordinación dunha persoa responsable e unha mesa de concertación, con ampla participación de actores sociais, coordinar os horarios da cidade coas esixencias persoais, familiares e laborais da cidadanía.

O Consello Galego de Participación das Mulleres no Ámbito do Emprego e das Relacións Laborais será un órgano de participación mediante unha canle de libre adhesión das asociacións de mulleres, no que se integrarán as secretarías de Muller dos sindicatos e da Confederación de Empresarios e Empresarias de Galicia. Tamén incluirá representación do departamento da Administración autonómica con competencias en Igualdade.

Por último, a Lei do Traballo en Igualdade leva a cabo unha importante reforma no ordenamento xurídico para adaptar as normas autonómicas vixentes ao marco que introduce e, en concreto, as normas sobre igualdade, función pública, sociedades cooperativas, a regulación da Xunta e do seu presidente, e sobre a actuación en materia de persoal e contratación nas empresas nas que ten participación maioritaria a Xunta de Galicia.

En definitiva, a igualdade entre homes e mulleres constitúe a savia do proxecto do Goberno de Galicia, e esta lei é o instrumento máis potente cara o cumprimento do mandato constitucional que obriga aos poderes públicos a consecución da Igualdade Material.