La Xunta interviene la Cofradía de Ferrol por falta de liquidez económica y por no entregar las cuentas de los años 2005 y 2006

El Consello de la Xunta aprobó que, tras esta intervención, la cofradía quedará tutelada por la Administración autonómica, que nombrará un gestor externo que deberá ratificar todas las actuaciones que realice a partir de este momento la cofradía. La Xunta decidió tomar esta medida al detectar una situación de falta de liquidez económica y carecer de los datos contables del pósito en relación a los años 2005 y 2006.

No obstante, el patrón mayor de la cofradía, Bernardo Bastida, se mostró "sorprendido" por la actuación y negó cualquier tipo de irregularidad económica. "Las cuentas están hechas y bien hechas", aseveró. Por ello, admitió "no entender" esta decisión del Gobierno autonómico y atribuyó que el balance no llegara a la Consellería de Pesca "porque no fue recogido por el funcionario al que le correspondía" y que dijo "no entender" el motivo.

La intervención de la Administración autonómica en un pósito está establecida en el decreto por el que se aprueban las normas reguladoras de las cofradías de pescadores y sus federaciones. En concreto, en su capítulo V. En este punto se recoge el régimen presupuestario, económico y contable, en el que se introduce una serie de mejoras y novedades para, bajo el principio de transparencia contable, garantizar su control tanto externo como interno. Afecta, sobre todo, a la regulación del patrimonio de las cofradías, a sus recursos económicos y cuentas anuales, las cuales deberán reflejar con claridad y exactitud la actividad económica de la cofradía.

La Consellería de Pesca advirtió de que "no se puede olvidar" que la Lei 9/1993, tras la modificación operada por la ley 3/2002 del 29 de abril de medidas de régimen fiscal y administrativo, estableció la obligación de las cofradías a someterse a una auditoría externa de cuentas cuando así lo requiera la consellería competente en materia de pesca. La norma garantiza también la intervención de la Administración tutelante, cuando una indebida gestión económica de la cofradía puede llegar a poner en peligro su existencia. En la normativa se especifica que el patrimonio de un pósito está integrado por bienes y derechos que en la actualidad posee y los adquiera en lo sucesivo por cualquier título. Este inventario de bienes y derechos tiene que ser aprobado cada año y autorizado por el cabildo y se da conocimiento de todo esto al pleno de la junta general.

En cuanto a las cuentas anuales de la cofradía comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria. Todas ellas deben ser formuladas por el cabildo y aprobadas por la junta general. La formalización de las cuentas anuales se realizará por el cabildo dentro del primer semestre del año siguiente. La aprobación corresponde a la junta general y la documentación contable deberá estar expuesta durante un período de 15 días en el tablero de anuncios de la cofradía para que se puedan consultar por todos. Una vez aprobadas, las cuentas serán expuestas a los miembros de la cofradía en asamblea. Realizadas todas las actuaciones anteriores, el secretario de órgano de gobierno en el plazo máximo de cinco días deberá remitir las cuentas anuales a la consellería competente en materia de Pesca y al Consello de Contas, junto a una certificación acreditativa del cumplimiento de la obligaciones establecidas en este articulo. Dos obligaciones que no se cumplieron por parte del pósito de Ferrol.

Esta actuación de la Xunta es la tercera en los últimos siete años. En 2001 la Administración autonómica intervino en la Cofradía de Noia (A Coruña) por irregularidades que fueron trasladadas al ámbito de la justicia y que concluyó con una condena por parte del Tribunal Supremo de cinco años de cárcel al ex patrón mayor, José Antonio Agrofojo Arestiño. En este caso, quedó demostrado que fue autor de un delito continuado de malversación de caudales y otro contra la Hacienda Pública, esta resolución supuso el fin de un largo proceso que se inició en 1995 y en el que le acusaban de cobrar dietas sin justificar y pagar sobresueldos.

La intervención administrativa decretada sobre la Cofradía San Bartolomé cesó a finales del 2002, después del trabajo desempeñado por la firma auditora Sace. A partir de ese momento, la entidad noiesa retomó los cauces de la normalidad y la solvencia y, a partir de ahí, se encontró en disposición de suscribir convenios de cooperación con la Xunta y de tramitar subvenciones. En 2003 la Administración autonómica intervino la Vilaxoán (Pontevedra) ante las denuncias de irregularidades en la gestión económica de la cofradía que derivó en que la Consellería de Pesca encargarse la realización de un informe sobre su situación económico-financiera. En dicho informe se concluyó que la cofradía de pescadores de Vilaxoán non cumplía con la normativa del capítulo V del Decreto 261/2002, de 30 de julio y se demostró que la situación económico-financiera de la cofradía a 31-12-2001 presentaba signos "muy preocupantes" de solvencia económica y financiera, que a corto plazo podrían impedir la continuidad de la cofradía, debido básicamente a la falta de liquidez que presentaba en su estado financiero. Una situación que Pesca comprobó que no mejoró a lo largo de los ejercicios 2002 y 2003, pero que no pudo ser constatada al carecer de una información contable adecuada, por no llevar la contabilidad por parte de la cofradía. Por ello, el Consello da Xunta aprobó su intervención en noviembre de 2003 ante el incumplimiento de diversas obligaciones y no atender los requerimientos exigidos sobre la obligatoriedad del cumplimiento de la legislación vigente en materia contable.

En la actualidad, y tras el periodo de gestión externa, ambas cofradías funcionan con normalidad y sin tutela de la Administración autonómica, tras restablecer su actividad con el procedimiento habitual de un proceso electoral.

Valoración del presidente de la Xunta de Galicia:

El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, sustentó la decisión del Gobierno gallego de intervenir administrativamente la Cofradía de Ferrol por la falta de liquidez del pósito con un "elevado grado" de impagos que "previsiblemente" se eleva por encima de los 90.000 euros con la Administración autonómica, aunque apuntó que puede haber otros deudores. Así lo reveló el mandatario gallego en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consello da Xunta donde se aprobó esta intervención administrativa. Al respecto, recordó que se trata de una medida para la que tiene potestad el Gobierno gallego "cuando se dan supuestos de riesgo en la contabilidad de una cofradía".

De este modo, Touriño fundamentó esta decisión en el hecho de que el pósito que dirige Bernardo Bastida no remitió, como es su obligación, sus cuentas de 2005 y 2006 ni al Consello de Contas ni a la Consellería de Pesca pese a los reiterados requerimientos que se le dirigieron y por sufrir una situación de falta de liquidez económica. Ante esta actitud, y por el riesgo que esa situación pudiese suponer para la existencia de la cofradía y sus socios, el presidente del Ejecutivo gallego avaló la decisión de intervención que implicará el nombramiento por parte de la Consellería de Pesca de un interventor.

Este gestor tendrá, entre otras funciones, la labor de autorizar cualquier tipo de gestión económica, pagos o cobros que efectúe el pósito; inspeccionar los libros contables y toda la documentación que incida en la actividad económica; e informar a la Consellería de Pesca de todas aquellas cuestiones importantes vinculadas con esta cofradía y sus socios para que se adopten las resoluciones que sean necesarias en la defensa y protección de sus intereses. Touriño aclaró que la intervención administrativa del pósito se prolongará por seis meses, aunque adelantó que, en el caso de que la situación económica no estuviese reestablecida en este plazo, podría prorrogarse por un período de igual duración. Durante todo este tiempo la Cofradía de Pescadores de Ferrol no podrá realizar ningún acto de contenido económico y patrimonial sin previo conocimiento y autorización del interventor responsable.

La intervención de la Administración autonómica en un pósito está establecido en el decreto por el que se aprueban las normas reguladoras de las cofradías de pescadores y sus federaciones. En concreto, en su capítulo V. En este punto se recoge el régimen presupuestario, económico y contable, en el que se introduce una serie de mejoras y novedades para, bajo el principio de transparencia contable, garantizar su control tanto externo como interno. Afecta, sobre todo, a la regulación del patrimonio de las cofradías, a sus recursos económicos y cuentas anuales, las cuales deberán reflejar con claridad y exactitud la actividad económica de la cofradía. La Consellería de Pesca advirtió de que "no se puede olvidar" que la Lei 9/1993, tras la modificación operada por la ley 3/2002 del 29 de abril de medidas de régimen fiscal y administrativo, estableció la obligación de las cofradías a someterse a una auditoría externa de cuentas cuando así lo requiera la consellería competente en materia de pesca. La norma garantiza también la intervención de la Administración tutelante, cuando una indebida gestión económica de la cofradía puede llegar a poner en peligro su existencia. En la normativa se especifica que el patrimonio de un pósito está integrado por bienes y derechos que en la actualidad posee y los adquiera en lo sucesivo por cualquier título. Este inventario de bienes y derechos tiene que ser aprobado cada año y autorizado por el cabildo y se da conocimiento de todo esto al pleno de la junta general.

En cuanto a las cuentas anuales de la cofradía comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria. Todas ellas deben ser formuladas por el cabildo y aprobadas por la junta general. La formalización de las cuentas anuales se realizará por el cabildo dentro del primer semestre del año siguiente. La aprobación corresponde a la junta general y la documentación contable deberá estar expuesta durante un período de cinco días en el tablero de anuncios de la cofradía para que se puedan consultar por todos. Una vez aprobadas, las cuentas serán expuestas a los miembros de la cofradía en asamblea. Realizadas todas las actuaciones anteriores, el secretario de órgano de gobierno en el plazo máximo de cinco días deberá remitir las cuentas anuales a la consellería competente en materia de Pesca y al Consello de Contas, junto a una certificación acreditativa del cumplimiento de la obligaciones establecidas en este articulo. Dos obligaciones que no se cumplieron por parte del pósito de Ferrol.

Esta actuación de la Xunta es la tercera en los último siete años. En 2001 la Administración autonómica intervino en la Cofradía de Noia (A Coruña) por irregularidades que fueron trasladadas al ámbito de la justicia y que concluyó con una condena por parte del Tribunal Supremo de cinco años de cárcel al ex patrón mayor, José Antonio Agrofojo Arestiño. En este caso, quedó demostrado que fue autor de un delito continuado de malversación de caudales y otro contra la Hacienda Pública, esta resolución supuso el fin de un largo proceso que se inició en 1995 y en el que le acusaban de cobrar dietas sin justificar y pagar sobresueldos.