Los presidentes de Galicia y de Castilla y León, Feijóo y Herrera, pactan una postura común para la negociación en la financiación autonómica

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y su homólogo de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se reunieron en Valladolidad para abordar diversos temas, entre los que se encuentran el Xacobeo 2010 o las infraestructuras. Además, ambos firman un documento para plasmar sus posturas en torno a la financiación autonómica. Tras apelar a la "unidad política" para "presentar y hacer entender" las propuestas de Galicia para el futuro modelo de financiación autonómica, Feijóo viajó a Castilla y León para plasmar la postura común de que el envejecimiento y la dispersión poblacional computen en el modelo de financiación.

El jefe del Ejecutivo gallego insistió en que los criterios de dispersión, envejecimiento y emigración "son cuestiones que deben unir a los partidos políticos" y reiteró que financiar exclusivamente en función de la población -dejando estos parámetros- "suponen un sistema de financiación insolidario e injusto".

Los mandatarios autonómicos abordaron una veintena de asuntos que el mandatario castellanoleonés ya planteó al gallego por carta el pasado mes de abril tras la llegada del 'popular' a la Xunta, que tomó posesión el 18 de ese mes. Así, durante el encuentro, Herrera planteará a Núñez Feijóo una batería de asuntos de interés común para ambas comunidades y que tienen como objetivo final la firma de un convenio de colaboración similar a los ya rubricados con Madrid, La Rioja, Asturias, Extremadura, Castilla-La Mancha y Aragón.

En el encuentro, Herrera trató con Núñez Feijóo la importancia del sector de la automoción para las dos comunidades autónomas, al tiempo que planteará el establecimiento de alianzas entre la industria de los fabricantes y componentes, que se concretaría en la colaboración entre los cluster del sector, los centros tecnológicos especializados y las universidades. También y dado que Castilla y León y Galicia están conectadas por los Caminos de Santiago, con motivo de la celebración del Año Xacobeo 2010, el presidente Herrera defiende las rutas a la capital compostelana como el principal elemento común de colaboración en materia de cultura, patrimonio y turismo.

El presidente de la Junta de Castilla y León, con respecto a la importancia del desarrollo de las nuevas tecnologías, apuntó también en su propuesta por carta a la posibilidad de trabajar juntos para aprovechar las posibilidades que puede generar la colaboración de los centros de supercomputación que funcionan en ambas autonomías, mientras que en el terreno de la minería, tanto la energética como la no energética, sugirió el "apoyo conjunto" de ambos ejecutivos al sector de la pizarra.

Las infraestructuras fue otro de los aspectos a tratar en el encuentro, un punto en el que Herrera abogó por el desarrollo coordinado de las conexiones de las redes propias de carreteras y autovías titularidad de las comunidades, así como por acometer un seguimiento conjunto de las conexiones ferroviarias pendientes todavía, cuya responsabilidad corresponde al Estado. En particular se centra en la Red de Alta Velocidad Norte-Noroeste, las conexiones desde León y Ponferrada con el Plan Galicia y la culminación del eje de la autovía Camino de Santiago así como el desarrollo logístico para llevar a cabo actuaciones de cooperación de los enclaves de Castilla y León con los puertos de Galicia, en especial A Coruña y Vigo. La colaboración plateada por Castilla y León ahonda también en calidad y el fácil acceso de los ciudadanos de ambas comunidades, especialmente los de las zonas limítrofes, a los servicios sanitarios, sociales y educativos a través de la mejora de la atención primaria en proximidad y el trabajo en común de los centros de investigación y referencia sanitaria, la atención a las dependencias y a las víctimas de violencia de género o la puesta en común de experiencias educativas.

DOCUMENTO CONJUNTO SOBRE LA REFORMA DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA QUE SUSCRIBEN LOS PRESIDENTES DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN Y DE LA XUNTA DE GALICIA

Los gobiernos de las Comunidades Autónomas de Castilla y León y de Galicia comparten una posición común respecto al proceso de reforma del sistema de financiación autonómica sostenida en la defensa de tres principios básicos:

a) El de suficiencia, de manera que se garantice la cobertura de todos los servicios transferidos a las Comunidades, cuantificando de manera adecuada las necesidades de gasto e identificando y ponderando correctamente los elementos no poblacionales que en cada Comunidad inciden en el coste de prestación de estos servicios.

b) El principio de igualdad, de manera que la calidad de los servicios sea homogénea en todo el territorio español.

c) El de autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal, de manera que se incrementen las competencias normativas y gestoras de las Comunidades Autónomas sobre los tributos cedidos y compartidos.

La aplicación de estos principios tiene como objetivo primordial conseguir que la participación de ambas Comunidades Autónoma en el nuevo sistema de financiación no altere su posición relativa respecto al sistema vigente.

La asunción de estos tres principios como elementos vertebradores de sus líneas de acción para la consecución del objetivo establecido, determina que los gobiernos de Galicia y Castilla y León pongan de manifiesto:

1. Situación actual del proceso de reforma del sistema de financiación.
En el año 2001 fue aprobado por unanimidad el actual sistema de financiación definido como un sistema estable, basado en los principios de generalidad, suficiencia, autonomía, solidaridad y participación en la gestión tributaria.
El Gobierno de la Nación no ha agotado en su integridad las posibilidades que ofrece el actual sistema de financiación y ha propugnado su reforma al hilo de demandas basadas en la consideración de la población como factor prácticamente exclusivo en la determinación del coste de los servicios. El inicio del proceso de negociación de la reforma del sistema se produjo en julio del año pasado con la presentación por el Ministerio de Economía y Hacienda de un documento de bases para la reforma, criticado de forma unánime por todas las Comunidades Autónomas.
El siguiente paso en este proceso de revisión fue la comunicación a las Comunidades Autónomas el día 30 de diciembre de 2008 de una propuesta de reforma del sistema de financiación. Desde entonces, el Gobierno de la Nación no ha avanzado en el diseño concreto de los aspectos relevantes del nuevo sistema de financiación.
Por lo tanto, el proceso de reforma del sistema está estancado, sin que, a la fecha de hoy, se haya producido ningún debate multilateral sobre su contenido. En esta situación, la perspectiva de un acuerdo consensuado por todas las Comunidades Autónomas es muy incierta y, en todo caso, no se percibe con claridad la inminencia que se predica respecto a su consecución.
En paralelo, las Comunidades Autónomas están haciendo frente a una situación de insuficiencia financiera derivada, entre otras causas, del incremento de los gastos sanitarios a una tasa muy superior al crecimiento de los recursos del sistema de financiación por circunstancias ajenas a la capacidad de decisión de las Comunidades Autónomas y de la asunción de nuevos gastos, como es el caso de la dependencia, para los que el Estado no está aportando la suficiente financiación.

2. Las condiciones que deben cumplirse para el desarrollo de un proceso de negociación dirigido a la reforma del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas.

Con carácter general, el proceso par la reforma del sistema de financiación debe atender necesariamente a las siguientes condiciones:

1. El marco para el desarrollo de la negociación debe reunir todas las garantías para que el acuerdo sea multilateral. Las nuevas aportaciones que realice el Estado, ya se trate de fondos de convergencia o de otros recursos adicionales, sus criterios de reparto y las propuestas que corresponden a cada comunidad deben ser conocidas por todos para abordar la fase final de la negociación, pues, de lo contrario, el proceso adolecería de una falta total y absoluta de transparencia.

2. El principio básico para la articulación del nuevo sistema debe ser la adecuada cobertura de las necesidades de gasto de todas las Comunidades Autónomas. Por lo tanto, deberá garantizar la igualdad plena de todos los ciudadanos en el acceso a todos los servicios públicos con independencia de su lugar de residencia, tanto en la posición de partida como en el curso de su futura evolución.

3. La aplicación dentro del sistema de criterios que puedan estar relacionados con el esfuerzo o la capacidad fiscal de un territorio o con el establecimiento de mecanismos de nivelación, deben estar supeditados a la preeminencia del principio anteriormente señalado, puesto que, de lo contrario, se produciría una notoria disminución del componente de solidaridad que, ineludiblemente, debe tener el sistema de financiación, tal y como establece nuestra Constitución.

4. Resulta imprescindible que las necesidades de financiación de las Comunidades Autónomas se determinen atendiendo a criterios técnicos que resulten del establecimiento de una metodología en la que estén ausentes criterios basados en la oportunidad política. En este sentido, las Comunidades de Castilla y León y Galicia han venido solicitando en el seno de los grupos de trabajo del Consejo de Política Fiscal y Financiera la correcta cuantificación de las necesidades de gasto de cada Comunidad Autónoma. La adecuada estimación de estas necesidades debe pasar por el seguimiento, competencia a competencia, de los costes asociados y de los factores diferenciales que en cada territorio repercuten sobre el coste medio. Por tanto, desde Castilla y León y Galicia, entendemos que resulta absolutamente necesario para abordar la reforma y revisión de la financiación autonómica, la elaboración de un mapa de servicios que permita el conocimiento de los costes efectivos de prestación de los servicios en todas las Comunidades Autónomas y que ofrezca una completa evaluación y valoración de los elementos estructurales que los integran.

3. Propuesta de actuación.

En el momento actual, el proceso de reforma del sistema de financiación se encuentra en un estado muy embrionario respecto al trabajo técnico necesario para definir sus mecanismos financieros y los criterios de evolución. El documento del día 30 de diciembre de 2008 solamente recoge unas ideas muy vagas y, desde entonces, no se ha avanzado en el concreto diseño de los elementos y variables que configurarán definitivamente el sistema, ni en la determinación de los valores de partida que para ellos se proponen, ni en la fijación de los criterios de reparto que inicialmente se pretenden establecer.

Además, a medida que pasa el tiempo se pone de manifiesto el escaso capital político que se está invirtiendo desde el Gobierno de la Nación en la adecuada dirección del debate sobre el sistema de financiación y el cada vez menor margen de actuación de un ejecutivo supeditado, como consecuencia de su creciente debilidad parlamentaria, a la búsqueda de apoyos minoritarios claramente vinculados a determinados territorios.
Todo ello hace imposible que, en un corto plazo de tiempo, se logre alcanzar un acuerdo consensuado entre todas las Comunidades Autónomas sobre la reforma del sistema, a pesar de las muestras de voluntarismo por parte del Gobierno que anuncia fechas límite para su consecución, hasta ahora sistemáticamente incumplidas.

Hay que señalar también que la revisión del sistema de financiación debe producirse en un marco económico estable, en el que no estén presentes incertidumbres ni se produzcan circunstancias que puedan distorsionar, cambiar o modificar los elementos y datos básicos sobre los que ha de desarrollarse el proceso y deben adoptarse los acuerdos.

La espectacular caída de los ingresos del IRPF, IVA, e Impuestos Especiales durante el 2008 y lo que llevamos del 2009 no ofrece este marco estable, ni para la correcta determinación de los diferentes mecanismos de financiación, ni para predecir sus índices de evolución y ni siquiera permite asegurar que un nuevo sistema vaya a mantener los actuales niveles del gasto social en sanidad, educación y dependencia.

Por lo tanto, se hace necesario articular una solución transitoria que permita hacer llegar a las Comunidades Autónomas los recursos financieros necesarios y que han sido comprometidos por el Gobierno y atender al crecimiento de la población que se ha producido en los últimos años. Todo ello sin que se condicione el desarrollo de un proceso ordenado y riguroso para la reforma del sistema de financiación, de manera que se inicien las actuaciones técnicas necesarias para una revisión del modelo acorde con lo señalado respecto a la correcta cuantificación de las necesidades de gasto.
En este sentido se propone:

- Incorporar al actual sistema de financiación los recursos comprometidos por el Gobierno, con efectividad 1 de enero de 2009.
- El reparto de los recursos adicionales entre Comunidades Autónomas se realizaría atendiendo a las reglas del actual sistema de financiación, una vez actualizada la población, en términos de habitantes ajustados, de acuerdo con los datos actuales.
- Compensar a las Comunidades Autónomas por la eliminación de la tributación en el Impuesto sobre el Patrimonio durante los ejercicios en que se aplique la solución transitoria que proponemos y considerar su cuantía de cara a determinar el “ status quo “ del nuevo modelo que, en su momento, se acuerde.

4. Observaciones a la propuesta del Ministerio de Economía y Hacienda sobre la reforma del sistema.

Sin perjuicio de la propuesta de actuación señalada en el punto anterior, la Xunta de Galicia y la Junta Castilla y León, también ponen de manifiesto que, en el caso de que por el gobierno de España se decida continuar con el actual proceso de negociación, existen unos requisitos mínimos que, necesariamente, deben ser tenidos en cuenta, por lo que, en relación con el documento presentado por el Ministerio de Economía y Hacienda el 30 de diciembre de 2008, se realizan las siguientes observaciones:

1. El nuevo fondo de garantía de servicios públicos fundamentales debe garantizar que todas las Comunidades Autónomas reciben la misma financiación para los servicios fundamentales, atendiendo a sus necesidades de gasto. Como ha sido tradicional en los anteriores sistemas de financiación y se mantiene en el actual para la financiación sanitaria, el cumplimiento de este objetivo exige establecer un mecanismo de suficiencia en términos dinámicos. Este mecanismo consiste en garantizar un nivel mínimo de crecimiento de la financiación de estos servicios públicos fundamentales.

2. La aplicación de principios relacionados con el esfuerzo o la capacidad fiscal relativos a un territorio o el establecimiento de mecanismos de nivelación debe estar supeditada a la preeminencia de lo señalado en el punto anterior. En este sentido, el porcentaje de recursos tributarios que deben destinarse al Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales no deberá ser inferior al 85%. De lo contrario el modelo conculcaría el principio de solidaridad que establece nuestra Constitución.

3. El modelo debe contemplar y concretar la fórmula que se pretende utilizar para aproximar la recaudación normativa a la real, de forma que se corrijan las diferencias favorables a los territorios que han experimentado incrementos de población durante los últimos años, sin duda asociados a crecimientos en la recaudación real por encima de la media de las Comunidades.

4. La ponderación de la variable relativa a la dispersión de la población deberá experimentar incrementos significativos sobre su situación actual. De manera que estos se aprecien no sólo en términos relativos sino también en términos absolutos, ofreciendo más fondos que los que proporciona la aplicación de esta variable en el modelo vigente, concretamente un mínimo del 1,2%.

5. El modelo tiene que mejorar la consideración de la variable representativa del envejecimiento. Para ello deberá contemplar los siete tramos de población considerados por el grupo de trabajo del gasto sanitario con arreglo a las ponderaciones que se atribuyen a cada uno de estos tramos. Además, a efectos de servicios sociales y dependencia, el modelo debe contemplar al menos dos tramos de población mayor de 65 años.

6. La eventual introducción de una nueva variable en el cómputo de las necesidades de gasto, vinculada a la educación, deberá ser consensuada entre todas las Comunidades Autónomas, tal y como lo fueron las variables que se aplican en la actualidad. Esta nueva variable deberá atender tanto a los costes variables en educación como a los costes fijos. En cuanto a los costes variables, deberán computarse conforme a los criterios establecidos en el grupo de trabajo de población del Consejo de Política Fiscal y Financiera, esto es, en función del alumnado real. En cuanto a los costes fijos, deberá tenerse en cuenta la gran diferencia que existe entre comunidades en el coste relativo de prestación del servicio educativo, puesto en evidencia, entre otros hechos, por el número de centros en relación con el número de alumnos y por el tamaño de estos centros.

7. La revisión periódica del sistema de financiación deberá fundamentarse en la actualización quinquenal de las variables que determinan las necesidades de gasto de las comunidades autónomas. Mediante esta actualización quinquenal se evaluarán tanto las variables que miden las necesidades de gasto como su peso relativo.

8. En el caso en que se acuerde la introducción de un mecanismo de ajuste anual de las necesidades de gasto, deberá tenerse en cuenta que resulta imposible ajustar a la baja el gasto público atendiendo a la variación interanual de la población equivalente, ni siquiera de forma aproximada. Esto es debido al sustancial peso relativo que tienen los gastos fijos en los servicios públicos que prestan las comunidades autónomas. Por lo tanto, los ajustes anuales que pudieran suponer una disminución relativa en la financiación deberán ser compensados por el Estado mediante un mecanismo específico que tenga en cuenta la rigidez a la baja del gasto público.

9. Las cuantías que reciban las comunidades por razón de Fondos de Convergencia y otros recursos adicionales deben ser como mínimo equivalentes al peso de su población en términos de habitante ajustado. De manera que la aproximación a la media de la financiación “per cápita” se establezca, exclusivamente, en estos términos.

10. Debe alcanzarse la plena efectividad del principio de lealtad institucional consagrado en la LOFCA y en la Constitución. El necesario equilibrio entre ingresos y gastos no debe ser alterado por decisiones del Estado que afecten a la capacidad financiera de las Comunidades Autónomas para hacer frente a la prestación de los servicios. Atendiendo al citado principio deberá compensarse a las Comunidades Autónomas por la totalidad de los efectos financieros derivados de las medidas adoptadas por el Estado en los últimos años que les hayan generado unos mayores gastos o unos menores ingresos.
11. Los recursos adicionales que se incorporen al sistema deberán suponer un incremento real respecto de los ingresos que proporcionan todos los mecanismos financieros actualmente vigentes.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Juan Vicente Herrera Campo

EL PRESIDENTE DE LA XUNTA DE GALICIA
Alberto Núñez Feijóo