El presidente de la Xunta insiste en que el Gobierno central quiere que Galicia se quede sin cajas. El PSdeG asegura que Caixa Galicia y Caja Madrid negocian

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, rechazó que la Ley de Cajas, aprobada por el Parlamento autonómico el pasado mes de diciembre con los votos del PP y del BNG, sea el problema, sino que lo situó en que el Gobierno central, "impulsado y auspiciado por el socialismo gallego", está "luchando para que Galicia no tenga cajas de ahorro". "La tutela financiera de las cajas de ahorro le corresponde a las comunidades autónomas. Por lo tanto, esto no es un problema contra una ley aprobada por los dos tercios del Parlamento. El problema que tiene el Gobierno de España es que de momento está luchando para que Galicia no tenga cajas de ahorro", recriminó Feijóo, quien denunció que esta estrategia está "auspiciada por el socialismo gallego". "Ahí están todos", respondió cuando fue preguntado si sus reproches están dirigidos contra el secretario general del PSdeG, Manuel Vázquez, o también contra el ministro de Fomento, José Blanco.

Después de que el Gobierno central confirmase que "probablemente" el viernes presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Cajas de Galicia, Feijóo hizo un "llamamiento a la responsabilidad" y recordó que esta normativa fue "aprobada por los dos tercios del Parlamento gallego". Así, contrapuso la voluntad de "diálogo" ofrecido por la Xunta para "ver qué cosas están en la ley de Galicia y no están en otras leyes que no fueron recurridas" ante el Tribunal Constitucional, tales como la de Cataluña y la de Andalucía, pero lamentó que "de momento, el que no quiere hablar es el Gobierno de España". Por ello, insistió en retomar el ofrecimiento de la Xunta a que el Gobierno central, "antes de adoptar ninguna decisión" sobre el recurso de inconstitucionalidad, "se siente a hablar", pero reclamó que se acepte "el principio de no discriminación y el de que las leyes de Galicia tienen que tener el mismo valor que las de Cataluña o las andaluzas". "Galicia siempre estará dispuesta al diálogo", insistió, frente a la actitud del Ejecutivo central, que "no está dispuesto a hablar".

En cualquier caso, Feijóo garantizó que su Gobierno seguirá cumpliendo lo que entiende que es su "responsabilidad" a la hora de "seguir defendiendo los intereses de Galicia, pese lo que pese y diga lo que diga el Gobierno socialista y el socialismo gallego". "No vamos a tener miedo a nada que no sea el cumplimiento de la ley, de la Constitución y del Estatuto de Autonomía", proclamó.

El presidente gallego alertó de que "está en juego que Galicia se quede sin cajas de ahorros", pero también que las entidades financieras gallegas "no puedan tener una inyección de liquidez" del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), ya que el recurso del Gobierno central ante el Constitucional paralizaría al menos cinco meses la aplicación de la Ley de Cajas y la Comisión Europea sólo autorizó recurrir a estas ayudas hasta el próximo mes de junio. Vinculó la estrategia de que "Galicia pierda sus entidades financieras" con la de que estas cajas "se debiliten respecto al resto de entidades que sí vayan a tener ayudas" del FROB. Al respecto, lamentó que se vuelva a "repetir la historia" cuando "hace 25 años a Galicia se le quiso poner en la segunda división dentro de las autonomías con un Estatuto de segunda división", dijo en referencia al conocido como 'Estatuto da aldraxe' (ultraje), que a finales de los años 70 provocó grandes manifestaciones por entender que se rebajaban las aspiraciones autonomistas de la comunidad. "Ahora, 25 años más tarde, a Galicia otra vez más se quiere que no tenga cajas y se quede en la segunda división desde el punto de vista de sus entidades financieras", exclamó. "Galicia supo reaccionar en el primer asunto pidiendo igualdad de trato y comunidad de primera y estoy convencido de que los gallegos sabremos reaccionar también en lo segundo, que es pidiendo cajas de ahorro como tienen Andalucía, Cataluña, como tendrán los vascos y como tienen otras comunidades", apeló.

Feijóo situó "en la misma tónica" y "dentro de la misma decisión política de hacer de Galicia una comunidad de segunda" la actitud del Gobierno central de bloquear la transferencia de competencias reclamadas por la Xunta. Así, recordó que la vía del artículo 150.2 de la Constitución se ha empleado para varios traspasos anteriormente, pero ahora el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero lo rechaza e invita a la reforma del Estatuto de Autonomía vigente desde 1981. "Eso, como es natural, está dentro de la misma decisión política, que es que Galicia no incremente su autogobierno ni incremente su capacidad financiera manteniendo sus cajas de ahorro", denunció el presidente gallego.

La Xunta defiende la constitucionalidad de todos los puntos de la Ley de Cajas de los que el Gobierno recela

La conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, defendió la adecuación a la normativa estatal de todos los puntos de la Ley de Cajas de Galicia en los que el Gobierno central ve indicios de inconstitucionalidad y comparó, para apoyar sus argumentos, los preceptos de la norma gallega con los de otras comunidades cuyos textos no fueron recurridos. Así, Fernández Currás presentó en rueda de prensa el informe que los servicios jurídicos de la Xunta hicieron tras obtener, del Consejo de Estado, los puntos a los que el Estado pone objeciones y lamentó que el Ejecutivo estatal no haya transmitido directamente al Gobierno autonómico las "razones fundamentales" por que la que la ley gallega, aprobada por PPdeG y BNG, puede ser inconstitucional y no haya accedido a negociar los preceptos conflictivos antes de plantear el recurso ante el Tribunal Constitucional. "No nos queda más que recordar que la posibilidad de recurrir cuenta con tres meses de plazo desde la aprobación -de la Ley gallega, el pasado 5 de enero-, por lo que el plazo acaba el 5 de abril. Teníamos tiempo suficiente para crear una comisión bilateral antes de que el Gobierno decidiese recurrir", se quejó.

Fernández Currás apeló a la "profesionalidad e independencia" del Consejo de Estado, pues considera que no hay por qué presumir que respaldará todas las reticencias del Gobierno. Respondió así sobre la posibilidad de que el recurso paralice la renovación en las cajas y señaló que únicamente los puntos recurridos quedarán en suspenso. En cualquier caso, una fusión entre Caixa Galicia y Caixanova podría darse, pues la decisión corresponde a los órganos de gobeirno de las cajas y es "independiente" de este proceso, recordó. Además, explicó que la Xunta decidirá si recurre o no el FROB tras la reunión de la comisión bilateral -el día 16-, aunque aclaró que tal decisión no tiene por qué llevar a una paralización del fondo.

Fernández Currás sostuvo que el objetivo de que ningúna entidad, salvo el Parlamento gallego, tenga más de un representante en los consejos de administración de las cajas es "garantizar los derechos de las entidades de menor tamaño" y evitar que las mayores "acaparen" puestos. Este punto fue "debatido con la Fegamp, teniendo su apoyo", afirmó. Aseguró que este punto es "plenamente legal" y que Castilla-La Mancha y el País Vasco tienen en sus respectivas legislaciones "una disposición prácticamente idéntica". En cuanto al registro de altos cargos, la conselleira expuso que en la anterior ley tenía carácter informativo y ahora se establece como "constitutivo". "Únicamente adelanta el análisis del Gobierno", defendió la titular de Facenda, que hizo referencia a que Cataluña le da también este carácter, aunque no lo menciona de forma explícita.

En cuanto a la necesidad de que la Xunta autorice el presupuesto para obra social, estimó "lógico" que se efectúe esta supervisión, pues el Gobierno gallego ejerce una función de "protectorado". Andalucía, Extremadura y Castilla y León "hacen lo mismo", indicó y explicó que, en el caso concreto de que los presupuestos superen el medio millón de euros en tres años, el objetivo de que la Xunta de su visto bueno es evitar que "se comprometan presupuestos de futuro de otras obras sociales". Fernández Currás replicó también a las dudas que plantea el Ejecutivo central sobre la elección de las entidades representativas -que tienen un 10% de las asambleas-. El Gobierno español reprocha, según la conselleira, que no respete el principio de proporcionalidad y a ello respondió que este grupo no está considerado "básico" en la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorro (LORCA), lo que significa que "es potestad de la comunidad" contar o no con esta representación. La proporcionalidad, agregó, se exige "sólo" para los impositores y las corporaciones locales.

La conselleira de Facenda defendió también que, según una sentencia del Tribunal Constitucional, la renovación de los órganos de dirección se debe hacer de forma parcial, "sin que tenga que ser por mitades", para justificar que la norma gallega fije que se cambiarán el 75% de los representantes en un plazo de dos meses. "Con esta disposición garantizamos la continuidad en los órganos de gobierno", zanjó. Se refirió también a la posibilidad que da la LORCA de que se nombre para el consejo de administración a personas cualificadas sin necesidad de que estén presentes en la asamblea general, un precepto también declarado "no básico", argumentó y señaló que la nueva norma gallega exige que entre 15 y 25 consejeros sean personas "cualificadas". En situaciones de déficit patrimonial, prosiguió, la redacción original hacía mención explícita del FROB, una alusión que se retiró -tras pactarlo los tres grupos-, dado que no compete a la comunidad autorizar que se recurra a este fondo.

La conselleira repitió los argumentos dados ayer para defender la potestad de la Xunta para decidir sobre la participación de las entidades gallegas en un sistema institucional de protección (SIP), pues se trata de una decisión "estratégica que en la práctica es irreversible", lo que la hace "similar a una fusión". La redacción, sostuvo, está "en los mismos términos" que los puntos por los que se rigen Andalucía, Madrid y Castilla y León. En este último caso -el de una fusión-, continuó, la ley no modifica el artículo específico que establece la mayoría que se debe exigir y ese punto está vigente desde 1996 -pide dos tercios de la asamblea presentes y la mitad más uno de votos a favor-. "Es el debate que nos causa más sorpresa y creemos que es un error", dijo, pues el Gobierno hace referencia a otro artículo de la nueva ley, el 32, en el que figura que la asamblea adopta sus acuerdos por mayoría simple. Por todo ello, Facenda considera que el Estado "discrimina" a Galicia y Fernández Currás reclamó un trato similar al que el Gobierno recibió de la Xunta en el caso del FROB, en el que la comunidad optó por negociar en una comisión bilateral antes de recurrir. Respecto a si se planteará el contencioso, lo subordinó a "lo que resulte de ese encuentro", previsto para el 16 de febrero.

PSdeG ve un "engaño masivo" de Feijóo para lograr una "gran caja del PP" y dice que Caixa Galicia y Caja Madrid negocian

El secretario xeral del PSdeG, Manuel Vázquez, acusó al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de estar llevando a cabo un "engaño masivo y total" a la opinión pública gallega en lo relativo a las entidades de ahorro de la comunidad, puesto que su pretensión es formar "un paquete" con Caixa Galicia y Caixanova y entregárselo a Caja Madrid, con el fin de construir "una gran caja del PP". De hecho, en rueda de prensa, el mandatario socialista aseguró tener conocimiento de que "sigue habiendo reuniones" entre las entidades dirigidas por Rodrigo Rato y José Luis Méndez con el fin de "preparar la estrategia" pensada por la dirección del PP nacional. A modo de refuerzo, concretó que el encuentro más reciente entre ambas cajas junto con Bancaja se produjo "el pasado sábado" en la ciudad de Toledo. En esta línea, recordó sendas entrevistas concedidas por el ex presidente de la entidad madrileña Miguel Blesa a 'El País' y 'ABC', en las que defendió que "no vendría mal que Rajoy mediara en una fusión con Caixa Galicia y Caja Mediterráneo" para cuestionar que el presidente gallego no esté al tanto de decisiones en las que participa la cúpula de su partido.

Precisamente, denunció que la "estrategia", en primer término, pasaba por "entregar" la entidad coruñesa a Caja Madrid, pero que el presidente del Ejecutivo autonómico "tomó la decisión de modificar la ley para controlar políticamente" Caixanova y poder incluirla así "en el mismo paquete". "Con el disfraz de la galleguidad, Feijóo pretende crear una gran caja del PP", censuró Vázquez. "Veremos cómo acaba esto y quién tenía razón", retó el socialista, para quien "la única duda" es si Caja Madrid se hace con "una" o con "el paquete de las dos cajas gallegas". "Veremos quién se tiene que tragar sus palabras", sentenció. "Su estrategia es clara", insistió, tras evidenciar que la Ley de Cajas de Galicia aprobada el pasado mes de diciembre con el respaldo de PPdeG y BNG tiene la finalidad de "controlar políticamente" las entidades de ahorros. "Pero se les fue la mano y se pasaron de frenada", señaló, y tras recalcar que "conculca" la ley orgánica en la que se enmarca y la Constitución, apuntó que puede ser objeto de un recurso por parte del Gobierno central.

Justificó la petición de un dictamen sobre la constitucionalidad de la norma al Consejo de Estado en que, tanto el PSdeG como las cajas gallegas, varios ayuntamientos y la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) denunciaron ya el "control político" que impone la normativa autonómica. "Defender la Constitución no es atacar a Galicia, sino defender los derechos de los ciudadanos, las entidades fundadoras y los ayuntamientos", resolvió el socialista, tras espetar que "culpar al Gobierno es algo crónico" en Feijóo. "Pero él solito, y también con la colaboración del BNG ha puesto en jaque mate el sistema financiero gallego", juzgó.

Preguntado sobre la imposibilidad de acudir al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en el caso de que se presente un recurso al Tribunal Constitucional (TC) que paralice la Ley de Cajas de Galicia y una eventual fusión de las entidades de crédito gallegas, Vázquez evocó el caso de la Comunidad de Madrid -cuya normativa sobre cajas también fue recurrida- para recomendar que se modifiquen los artículos señalados a fin de que el Ejecutivo estatal retire el recurso. "Cuando se adecúe, ya tiene vía expedita", explicó, aunque entendió que Feijóo quedará "en jaque mate", puesto que el nuevo texto "ya no controlará Caixanova". "Ése es el drama", incidió, para plantear que si se modifican ciertos artículos "pierde el control" y, en caso de que no se haga, "ya no tiene ley para controlar". "Lo complicó todo tanto que ahora la ley se convierte en el obstáculo", reprobó Vázquez, tras indicar que si se hubiese llegado a un acuerdo unánime en la Cámara autonómica respecto de la modificación de la ley, ahora "habría FROB, fusiones, o lo que se quisiera". En cambio, es la citada normativa la que "impide" cualquier paso. "Pero si quieren arreglarlo, lo arreglamos mañana mismo", ofreció.
De todos modos, cuestionado acerca de la repercusión que puede tener un recurso en la imagen de su partido, el líder de los socialistas gallegos avanzó una campaña de explicación "en todas las esquinas del país", con el fin de hacer ver a la sociedad la "realidad" de la situación de las cajas.

El BNG reprueba que se anuncie un recurso a la Ley de Cajas gallega antes del informe e insiste en pleitear con el FROB

La parlamentaria del BNG en el Congreso de los Diputados Olaia Fernández Davila reprobó que el Gobierno central anuncie que "probablemente" el viernes presentará el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Cajas gallega -reformada en diciembre por PPdeG y BNG- antes de que se conozca el resultado del informe del Consejo de Estado (que se conocerá mañana) e incidió en que la Xunta tiene que "recurrir ya" el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). En rueda de prens en Santiago de Compostela, en la que estuvo acompañada por la diputada autonómica Carme Adán, la parlamentaria en la Cámara Baja recalcó que el hecho de que el Gobierno central "no espere al informe" del Consejo de Estado es una "manifestación" de su intención de que las cajas gallegas se "fusionen interregionalmente", igual que "es la pretensión del PSOE y de algunos líderes socialistas en Galicia como el alcalde de Vigo", Abel Caballero.

Para Olaia Fernández Davila que las cajas gallegas se alíen con otras de fuera de la comunidad supone que Galicia pierda el poder económico que necesita y rechazó el uso de "eufemismos" como un SIP, puesto que optar por esta vía, tal y como manifestó el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, es "difícilmente" reversible, evocó la diputada. En este sentido, la parlamentaria del Bloque por la provincia de Pontevedra subrayó que una alianza de este tipo "impediría" a cualquier entidad funcionar como propia y la independencia sería "imposible" e "irreversible".

Tanto Davila, como Carme Adán, defendieron que la Ley de Cajas de Galicia es fruto de la "voluntad de la ciudadanía", puesto que fue aprobada por el Parlamento autonómico e instaron al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a "presentar ya" el recurso contra el FROB.
"Y la ley gallega no se negocia, la Xunta tiene que defenderla", remachó Olaia Fernández Davila tras evocar las palabras en este sentido emitidas en los últimos días por el portavoz nacional del BNG, Guillerme Vázquez.