Nuevo mapa financiero en Galicia: el Gobierno central suspende la reunión prevista con la Xunta para tratar sobre la Ley de Cajas por discrepancias

El Gobierno central ha suspendido a última hora la reunión prevista entre el Gobierno y la Xunta sobre la ley de cajas gallega, recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Ejecutivo central. La información le fue comunicada al propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, tras comparecer ante los periodistas para dar cuenta de los acuerdos de la reunión semanal de su Gobierno. Al parecer, el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, se había puesto en contacto con el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, cuando éste ya se disponía a tomar un avión para ir a Madrid, para comunicarle que la reunión quedaba suspendida.

Tras conocer la noticia, fuentes del Ejecutivo autonómico han declarado que «parecen confirmarse las sospechas» de que el Estado «quiere bloquear esta norma». La suspensión se produce a menos de seis horas de la hora prevista del encuentro, y después de haber sido convocada por el Gobierno central en la tarde de ayer. De hecho, la delegación gallega tenía desplazadas a Madrid a varias personas que iban a continuar las negociaciones sobre la ley de cajas.

Previamente Núñez Feijoo había expresado su deseo de que el Gobierno desbloquease «la situación de parálisis» en que se encontraba el texto legal gallego. Según el presidente gallego, en un momento en que se habla de pactos, el Gobierno tendría una «gravísima responsabilidad» si bloquea «el gran pacto» que existe en Galicia sobre la Ley de Cajas, en el que participan partidos, sindicatos y empresarios y del que se «excluyó» -recordó- el Gobierno socialista de Madrid y los socialistas gallegos. Antes de conocer la suspensión de la reunión bilateral de esta tarde, Feijoo había manifestado su satisfacción porque, «por fin», el Gobierno hubiese desbloqueado su agenda y conseguido tiempo para «hablar de Galicia». Esta afirmación se refería a que en la última reunión los representantes del Gobierno se levantaron aduciendo problemas de agenda. En aquel encuentro se habían desbloqueado 6 de los artículos a que se refiere el recurso del Gobierno central y quedaban otros 5, cuyo contenido se iba a abordar en la reunión.

Vázquez (PSdeG) sostiene que la Xunta rechazó adaptar la Ley de Cajas a la andaluza como había propuesto Feijóo

El secretario general del PSdeG, Manuel Vázquez, aseguró que el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, le ha explicado que la reunión prevista con la Xunta se anuló porque el Gobierno autonómico rechazó la opción de adaptar la Ley de Cajas gallega al marco normativo andaluz, tal y como había propuesto el propio presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo. En una entrevista concedida a Europa Press, tras hablar con Gaspar Zarrías, el dirigente de los socialistas gallegos denunció que "Feijóo vuelve a engañar a los ciudadanos de este país" porque, pese a que ofreció públicamente "copiar" la Ley de cajas andaluza, que "traslada literalmente la LORCA" (Ley de Órganos Rectores de Cajas), "ahora ya no le vale". "Ellos cayeron en su propia trampa, la Xunta no iba allí a buscar un acuerdo de cumplir incluso lo que ellos mismos proponían", criticó.

A su juicio, esta actitud del Gobierno gallego se debe a que Feijóo "no quiere una ley constitucional ni adaptada a los elementos básicos de la LORCA, sino una ley para controlar políticamente a Caixanova y a Caixa Galicia", pero alertó de que la normativa aprobada el pasado mes de diciembre con los votos del PP y del BNG contraviene el criterio del Consejo de Estado y del Tribunal Constitucional. "Feijóo evidencia que lo único que quiere es una ley para asaltar políticamente el consejo de administración de Caixanova, resistente a su interés político", censuró para advertir que "ningún gobierno puede permitir que una ley incumpla la legislación básica". Vázquez observó que la Xunta "retrocede y cede" en "seis elementos menores" sobre los que ya hay acuerdo con el Gobierno central, pero alertó de que "hay dos elementos troncales" sobre los que se mantiene la disputa y que son "claramente inconstitucionales".

Al respecto, expuso que se trata del artículo que define las mayorías para aprobar las fusiones y el de la renovación parcial de las cúpulas de las cajas. Así, señaló que el PP "se empeña" en mantener que el quórum sea de dos tercios de la asamblea y a la hora de votar sobre una fusión baste con la mitad más uno de los presentes porque "con la mayoría de dos tercios nunca controlaban la asamblea de Caixanova". "Esa es la trampa", apostilló. Sobre la justificación que da la Xunta de que la ley aprobada el pasado mes de diciembre recoge la redacción de la norma de 1985, Manuel Vázquez puntualizó que la legislación ahora recurrida es "nueva y el legislador no puede obviar la norma de obligado cumplimiento". "Sería discutible por qué no se recurrió antes, pero en la nueva no puede ir así porque es un artículo inconstitucional", subrayó tras indicar que la ley andaluza sí recoge el marco legislativo básico. En cuanto a la renovación de las cúpulas de las cajas, el dirigente socialista recordó que su partido proponía seis meses para adaptar los estatutos y seis meses para renovar las asambleas. "Eso es lo que pone la ley andaluza, que traslada literalmente lo que dice la LORCA en la aprobación de fusiones y para la renovación, pero ahora no le vale a la Xunta", sentenció.

Vázquez advirtió de la gravedad de la situación porque las negociaciones quedan pospuestas "sine die o hasta que el Gobierno gallego entienda que la ley es la ley para todos y que no hay una ley para los intereses políticos de Feijóo y del PP y otra para el resto de los españoles". Si las negociaciones se quedan en este punto, indicó que habrá que "esperar como mínimo cinco meses y si el Constitucional decide abrir el proceso, se podría esperar hasta cinco años", plazos que contrapuso con que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) se acaba el 30 de junio. Además, comparó la actitud de la Xunta con la que en su momento mantuvo el Gobierno de Madrid, cuya ley también fue recurrida, pero "negoció el cumplimiento de la legislación básica".

Frente a la postura que atribuyó a la Xunta de "no querer negociar el cumplimiento de las leyes básicas", Vázquez reclamó una "ley neutral, que sirva para el futuro de las cajas y que dé garantías". "La trampa de cambiar la ley para conseguir lo que tú quieres políticamente era muy burda y al final acabas cayendo", exclamó y acuso a Feijóo de "poner en riesgo y bloquear el desarrollo futuro de las cajas, por su interés en controlarlas políticamente". Ante esta coyuntura, Manuel Vázquez propuso "buscar una negociación para adaptar la ley gallega a la legislación básica". Así, apostó por constituir "una mesa de trabajo" en la que se sienten las fuerzas políticas y las cajas gallegas para "buscar una fórmula legal, constitucional, que garantice que las entidades de ahorro van a tener un espacio en el mundo financiero en los próximos años". "Pero eso sólo se hace negociando y discutiendo", afirmó para advertir de que "una fusión sólo se hace de una manera: cuando la asamblea de una caja lo decide". "Feijóo, como la asamblea no quiere, manipula cómo lo decide, pero eso no se puede hacer", agregó y remarcó que "la ley es una herramienta para un fin, pero quien decide las fusiones son las cajas y no ningún gobierno".

Apostó por "hablar con las cajas y darles garantías de que con una ley neutral, podrán decidir ellas su futuro". Acerca de la postura de su partido, Vázquez indicó que apuesta por que, "por voluntad propia de Caixa Galicia y Caixanova, se evalúe la posibilidad de una gran alianza gallega, pero no de una manera violenta y conculcando la ley". Al respecto, restó importancia a las interpretaciones de que el PSdeG se ha quedado solo en su postura sobre el futuro de las entidades de ahorro, porque "al final están volviendo todos al carril de la ley". "No es una discusión entre dos, es una discusión en la que uno de los dos tiene detrás avalándolo al Consejo de Estado y al Tribunal Constitucional", afirmó. Asimismo, censuró el "nacionalismo oportunista de Feijóo" porque "con una mano rechaza la reforma estatutaria y con la otra se disfraza de nacionalista financiero". En este punto, juzgó como "perfectamente entendible la postura del BNG" -aunque dijo no compartirla-, porque "es coherente" y apuesta por "una ley que nacionalice prácticamente el ahorro" y la contrapuso con la del presidente de la Xunta, sobre el cual se preguntó "qué pinta en una decisión que no tiene pies ni cabeza".

Vázquez (BNG) insiste a la Xunta en que "no ceda" en la negociación sobre la Ley de Cajas de Galicia

El portavoz nacional del BNG, Guillerme Vázquez, insistió a la Xunta en la necesidad de que "no ceda" en la negociación de la Ley de Cajas, para anunciar seguidamente que si hay una modificación sustancial de lo aprobado en el Parlamento gallego, "los nacionalistas estarán en contra". Así lo manifestó en declaraciones a los medios antes de participar en Lugo en una reunión sectorial sobre el futuro de las cajas de ahorro y en las que mantuvo que Galicia "tiene derecho" a que la fusión "vaya para adelante", puesto que es, a su juicio, la única forma posible de evitar que se deslocalice el ahorro gallego. "Es preciso que el Gobierno central retire el recurso de inconstitucionalidad, que no va dirigido tanto contra la Ley de Cajas, sino contra la posibilidad de la fusión de las cajas", aseveró y alertó de que ello supone que el ahorro "se vaya al exterior".

Vázquez censuró que la vía de diálogo abierta entre el Gobierno gallego y el estatal e indicó que, en todo caso, de las reuniones que se mantienen en Madrid, sólo pueden ocurrir dos cosas: "O cede el gobierno español o cede el gobierno gallego, y el Gobierno gallego no debería de ceder". Dicho esto, recalcó que si de la negociación resultante imposibilita que Galicia como país pueda tener un control sobre lo que es el futuro de las cajas gallegas "el BNG no estará de acuerdo y votará en contra".

Por lo demás, Guillerme Vázquez señaló que los diferentes criterios que se están exhibiendo en corporaciones gobernadas conjuntamente por PSOE y BNG sobre este tema, no tiene que influir "para nada" en el futuro de los pactos. "Los pactos están establecidos sobre un programa que no incluye, desde luego, el futuro de las cajas de ahorro", concluyó.

Nota de prensa remitida por el Gabinete de Comunicación de la Xunta de Galicia:

O conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Alfonso Rueda, e a conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, lamentaron que o Goberno central cancelase unilateralmente a reunión prevista para abordar a Lei de Caixas galegas, cualificaron de “desleal” a súa actitude e consideraron probado que o recurso presentado polo Estado contra a normativa galega responde a intereses “políticos e non xurídicos”.

O conselleiro de Presidencia explicou que o secretario de Estado de Cooperación Territorial se tiña comprometido a enviar a Galicia uns documentos de cara á reunión de hoxe, que fora convocada onte mesmo polo Goberno tras a presión galega para celebrar un novo encontro. Lonxe de enviar o texto, o secretario chamou hoxe para advertir á Xunta de que ou asinaba a lei de caixas andaluza ou que non se desprazaran a Madrid porque non habería reunión.

Rueda recoñeceu o seu “estupor” e “indignación” ante esta postura do Goberno, que non a tiña formulado nas vinte horas de negociación previas, e explicou que a Xunta non recibiu ningún tipo de documento nin aclaración ao respecto, de tal xeito que nin sabe que é o que pretendía o Estado que asinasen: se a lei na súa totalidade, se os aspectos recorridos ou se aqueles nos que non había acordo; así como si se trataba dunha adaptación ou dun “corta e pega” da normativa andaluza.

“O normal e procedente tería sido celebrar a reunión e falalo alí”, explicou o conselleiro, que recordou que é a segunda vez que o Goberno quere cancelar unha reunión e que indicou que as sorpresas non acabaron aí. Así, ao mesmo tempo que o secretario de Estado comunicaba á Xunta a cancelación da reunión, o alcalde de Vigo anunciaba a suspensión do encontro.

O titular de Presidencia considerou “inadmisible” esta actitude do Goberno e “dunha deslealdade infinita” que un alcalde, neste caso do PSOE, teña máis información que a propia Xunta nun asunto de tanta importancia para Galicia. “Queda claro que os intereses do Goberno son políticos e non xurídicos”, concluíu. Nesa liña, denunciou que o Executivo “nin quere a lei de caixas nin quere a fusión”.

Nese mesmo sentido, a conselleira de Facenda indicou que “o Goberno formula un recurso político e por iso non acepta un acordo xurídico” e advertiu de que a Xunta non consentirá que o Goberno pretenda “suplantar ao Parlamento e queira converterse en lexislador autonómico”.

Así, lamentou que o Goberno pretenda mesmo referirse a aspectos da lei galega que non foron recorridos e considerou probado que a norma é plenamente constitucional e resiste a comparación con outras leis autonómicas. Nesa liña, recordou que a Xunta xa aceptou acompasar varios dos puntos cuestionados da lei galega a normativas doutras comunidades e amosouse disposta a facer o mesmo cos cinco puntos nos que aínda non hai acordo, sempre e cando sexan aspectos recorridos e se respecte a autonomía galega.

Precisamente, Fernández Currás lamentou que o Goberno pretenda facer firmar á Xunta un documento que aínda non coñece. “Non sabemos o que se está debatendo nestes intres”, denunciou ao respecto da inconcreta pretensión do Executivo, que pretende que Galicia diga si a algo que non coñece. “A Xunta confirma as súas sospeitas de que o Goberno quere bloquear a lei de caixas”, sentenciou a titular de Facenda, que considerou que a pretensión do Executivo do Estado é castigar a Galicia para que non teña presencia no futuro mapa financeiro español, para o cal “puxo atrancos desde o comezo”.

En canto ao estado da negociación, o conselleiro de Presidencia recordou que a Xunta aínda está a esperar polos documentos cuxo envío comprometeu o secretario do Estado. En todo caso, preguntouse se a partires de esta “deslealdade” por parte do Goberno, a Xunta debe seguir falando cos responsables do Ministerio de Política Territorial ou deben facelo co alcalde de Vigo.

Fotografía: archivo GD.