La presidenta del Parlamento gallego apoya la rebaja de sueldos de los diputados un 15%. Sindicatos convocan manifestaciones en Galicia contra la reducción del sueldo de los empleados públicos

La presidenta de la Cámara autonómica, Pilar Rojo, aseguró que la Presidencia de esta institución "estará absolutamente de acuerdo" con una propuesta de los grupos parlamentarios para reducir los sueldos de los diputados en un 15%, como propone el Gobierno central para todos los altos cargos. Así lo manifestó en declaraciones a los medios tras reunirse con su homóloga del País Vasco, Arantza Quiroga, y en las que recordó que la Cámara gallega ya había iniciado con anterioridad medidas de austeridad, como el plan que permitió ahorrar "casi dos millones de euros" al cierre del ejercicio pasado.

Asimismo, subrayó que este mismo año, los sueldos de todos los representantes políticos en el Pazo do Hórreo sufrieron una reducción del 3 por ciento y reivindicó que, desde que tomó las riendas de la Cámara autonómica, ya se habló de la necesidad de "políticas de austeridad". De esta manera, recalcó que, siguiendo la estela del esfuerzo demandado a las familias, la Presidencia del Parlamento gallego "por supuesto que estará de acuerdo" con una reducción de los sueldos" de los parlamentarios.

También los representantes de los tres grupos parlamentarios se mostraron a favor de una bajada de los salarios de los diputados como medida ejemplarizante, pero tanto populares, como nacionalistas, advirtieron de que se no se trata de la medida que solucionará los problemas económicos. Así, en declaraciones a los medios, el viceportavoz del Grupo Popular, Pedro Puy, enfatizó el "compromiso con la austeridad" de su formación, si bien hizo hincapié en que el debate son "las pensiones, la subida del IVA y los anuncios contradictorios" entre el propio Gobierno central. "Por nosotros no va a quedar, porque ya lo hemos demostrado", subrayó el dirigente popular, quien también se refirió a que "este Parlamento ya dio muestras de su compromiso", además de destacar que los populares "siempre defendieron la necesidad de dejar de gastar por gastar".

Por su parte, el portavoz del Grupo del BNG, Carlos Aymerich, destacó que los nacionalistas "nunca se opusieron a ninguna medida que supusiese recortar la retribución de los altos cargos" y recordó que fue el Bloque el que esta legislatura apoyó la eliminación del conocido como plus para ese colectivo -aprobado por el bipartito-, que fue rechazado por PPdeG y PSdeG. Con todo, avisó de que la reducción de los salarios de los representantes políticos "no se puede utilizar como recorte de los salarios de los funcionarios públicos, ni como excusa para recortar el salario del conjunto de los trabajadores, porque son cosas absolutamente distintas".

Sindicatos convocan movilizaciones en las 7 ciudades para rechazar la rebaja del sueldo a los funcionarios

Los sindicatos convocaron movilizaciones el jueves 20 de mayo en las siete ciudades gallegas para rechazar la rebaja salarial progresiva en una media del 5% que el Gobierno central aplicará a los funcionarios y personal laboral de las administraciones. Por una parte, UGT, CC.OO. y CSI-CSIF, respaldados por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), Unión de Guardias Civiles (Unión UGC) y Unión Federal de Policías, llamaron a empleados públicos y ciudadanos a sumarse a las protestas que celebrarán a partir de las 18.00 horas ante las subdelegaciones del Gobierno en Lugo, Ourense y Pontevedra, así como ante la Delegación del Gobierno en Galicia, en A Coruña.

Por otra parte, la CIG ha organizado concentraciones en las siete ciudades gallegas, que tendrán lugar a las 19.00 horas, salvo en Lugo, que será a las 20.00 horas.

En ambos casos, los sindicatos tacharon la rebaja salarial progresiva de "injusticia" y recordaron los "importantes sacrificios" realizados por este colectivo, del que apuntaron que ha perdido entre 10 y 12 puntos de poder adquisitivo en los últimos dos años. También resaltaron que más de la mitad de los funcionarios gallegos son mileuristas -el 60%, según UGT-, mientras que un 20% no alcanza los 1.000 euros mensuales -según CIG-.

El portavoz de Unión UGC, que también habló en representación de la Unión Federal de Policías, Manolo Mato, recordó que ambos colectivos no pueden declararse en huelga, pese a que expresó su intención de participar en las concentraciones convocadas por UGT, CC.OO. y CSIF para protestar por este "atraco a las nóminas" de funcionarios y personal laboral. "Están yendo a por nuestro pan", recalcó, para señalar que los dos colectivos están "absolutamente fritos" y reprochar que en época de 'vacas gordas' "nadie" se acuerde de ellos y en 'vacas flacas' se les apliquen recortes. Funcionarios y laborales son, como precisó, los maestros, trabajadores de guarderías, residencias de la tercera edad, enfermeras, anestesistas, bomberos, policías o guardias civiles.

Su homólogo del SUP, Marcos Castro, afirmó que los efectivos que integran las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están "desmoralizados" y "desmotivados", así como que se sienten "del todo engañados" tras aplazar reivindicaciones salariales y tener el sueldo congelado "durante muchos años". "No vamos a podernos recuperar en muchísimo tiempo", auguró, para aclarar que si los policías no acuden a una huelga "es única y exclusivamente porque lo tienen prohibido por ley". En ese sentido, criticó el "engaño" y "pitorreo" del actual Ejecutivo central y consideró que tendrá efecto en el trabajo de los policías.

El responsable de Administración Pública de UGT en Galicia, José Vázquez, acusó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de querer "hacer caja" con los empleados públicos mediante unas medidas "injustas" y "estériles". Así, apuntó que el pago de las nóminas a los funcionarios representa el 10% del gasto público, frente a la media europea, situada en el 16%. En esta línea, el portavoz de CSI-CSIF, Xosé Francisco Méndez, criticó que una crisis económica generada, según subrayó, por entidades financieras y empresas constructoras "la tengan que pagar" los empleados públicos y jubilados. El sindicalista reprochó, además, la rebaja en las remuneraciones después de que los funcionarios aceptasen la contención salarial para 2009-2010. "Tendríamos que ir a una mayor recaudación fiscal y a la revisión de las Sicav -Sociedad de Inversión de Capital Variable-", consideró.

La secretaria federal de Sanidade de CC.OO., Lola González, advirtió de que estas medidas conllevarán un deterioro de los servicios públicos, que se han convertido, como aseguró, en un "nuevo nicho de ganancias de empresas" privadas. También alertó de que los pensionistas acabarán por tener que pagar sus medicamentos.

Estas razones llevaron al secretario general de Servizos á Cidadanía de CC.OO., Ramiro Otero, a afirmar que las organizaciones sindicales esperan una participación alta en las concentraciones de mañana, que prevé sean respaldadas por ciudadanos en apoyo a los empleados públicos. Otero avisó de que esta rebaja salarial progresiva a los funcionarios se trasladará a la negociación colectiva privada y que, por ello, nadie está "exento" de que este "ejemplo" se amplíe a las empresas.
Los sindicatos se reunirán el jueves 20 de mayo para estudiar las medidas a adoptar a partir del 8 de junio, día en la que está prevista una huelga general de funcionarios en el conjunto del Estado.

Por su parte, el secretario general de CIG Ensino, Anxo Louzao, amenazó con "medidas contundentes" para cambiar la actual situación, que calificó de "sumamente grave", en la que, a su juicio, se pretende que quienes no causaron la crisis la paguen. Por ello, la CIG celebrará protestas en las siete ciudades gallegas, a las que se sumarán concentraciones ante los centros de trabajo el 2 de junio, así como la jornada de huelga y manifestación el 8 de junio. De igual modo, realizarán otro acto ante la Delegación del Gobierno el día en que se debata el decreto ley en el Congreso. Todo, para rechazar unas medidas que tildó de "antisociales" y que se complementan, como expuso, con la amenaza de una reforma laboral, el recorte de las jubilaciones y de la privatización de "todo el sistema público". "Sólo habrá un resultado satisfactorio si somos capaces de convocar una huelga general", manifestó al tiempo que comprometió la "voluntad" y "mano tendida" de la CIG. Finalmente, reprochó a UGT, CC.OO. y CSIF que hayan rechazado mantener la unidad sindical con la CIG en su calendario movilizaciones.