Nuevo mapa financiero: Caixa Galicia y Caixanova proponen las prejubilaciones y suspensión de contratos temporales como solución estrella para aligerar las plantillas tras la fusión

Caixa Galicia y Caixanova estudian complementar las prejubilaciones de trabajadores con bajas incentivadas y la suspensión de contratos temporales con una compensación económica, según han avanzado sus directivos a los representantes sindicales. En declaraciones a los medios tras la reunión de constitución de la mesa laboral, los portavoces de CC.OO., Csica y CIG han precisado que las prejubilaciones serán la "solución estrella" a la que recurran las cajas, aunque también barajan alternativas como las bajas incentivadas, que tendrán un "carácter voluntario". Asimismo, las cajas han aceptado partir de los derechos mínimos alcanzados por los trabajadores de ambas para negociar la homologación de las condiciones laborales, que se irá aplicando a lo largo del proceso.

Directivos de las dos entidades, que han entregado la primera documentación por escrito a los sindicatos, presentarán una propuesta "concreta" sobre el proceso de desvinculación de trabajadores y oficinas el próximo martes, en una nueva reunión que se celebrará en Santiago. En el encuentro para constituir la mesa laboral, un portavoz de Caixa Galicia y Caixanova ha expuesto las necesidades de ambas entidades en relación a la reestructuración y homologación de las condiciones laborales. También han aludido a la posibilidad de integrar los dos planes de pensiones de las dos cajas en uno nuevo y de recurrir a la movilidad geográfica por encima de convenio.

El representante de las dos entidades ha comprometido, según han destacado los sindicatos, la entrega de documentación "completa" en la próxima reunión, más allá de lo que las organizaciones han definido como "declaración de intenciones" de este primer encuentro. El representante de CC.OO. en la sección sindical de Caixa Galicia, Luis Mariño, ha expresado su rechazo a las bajas incentivadas para subrayar que esta organización no las contempla. "Si todo el mundo se puede ir vía prejubilaciones no contemplamos que haya bajas incentivadas", ha indicado. No obstante, ha admitido que si esta propuesta se recoge "de manera interesante" será cuestión de "hablarlo" y "negociarlo".

El secretario general de Csica, Carlos Peso, ha reconocido la sorpresa de su organización por que las cajas no hayan aportado "datos esclarecedores", "cifras" o "importes", aunque la exposición global realizada por el portavoz de las dos entidades les ha permitido situarse en relación a las "direcciones" de las próximas reuniones. En la misma línea, el secretario general de Banca e Aforro de la CIG, Clodomiro Montero, ha demandado datos "desagregados" sobre el proceso de desvinculación de las cajas al sostener que la "mayor conflictividad" es la derivada del solapamiento de oficinas en las provincias de Pontevedra y Ourense. Al respecto, ha apuntado la posibilidad de que en esos casos no lleguen las prejubilaciones para evitar "excedentes". Sobre esta cuestión, Mariño (CC.OO.) ha evitado "anticiparse" hasta que los sindicatos dispongan de los datos desagregados.

UGT denunciará ante la Justicia la constitución de la mesa laboral por considerar que su representación no es paritaria y que "no se adapta al Estatuto de los Trabajadores". El sindicato también llevará "a los tribunales" la situación de los órganos de gobierno de las cajas, que ve "al borde de la legalidad". En declaraciones a los medios tras abandonar la reunión de constitución de la mesa laboral a media hora de su inicio, el secretario general de la sección sindical de UGT en Caixanova, José Ramón del Pliego-Valdés, ha reclamado una representación "paritaria", al entender que ahora, con un 65 por ciento de delegados de Caixa Galicia y un 35 por ciento de la caja de Vigo, está "tomada" por la entidad del norte.

Según ha recordado, los representantes de los trabajadores ascienden a 194 en Caixa Galicia y a 104 en Caixanova, por lo que ha reiterado su exigencia de que la mesa laboral cuente con un número paritario de representantes de las dos entidades. "Exactamente igual que hace para el consejo de administración, el comité de dirección y todas las demás figuras", ha insistido. También ha expresado su rechazo a ceder por "tercera vez" en relación al número de asesores en mesa -además de los 16 representantes sindicales, UGT reclama un asesor más en mesa de los tres actuales por organización-. "Queremos que se replantee la constitución de la mesa, la representación e incluso la legalidad de quien está tomando las decisiones", ha defendido, al tiempo que ha manifestado coincidir con CGT en su intención de no consentir que las cajas "digan cómo tienen que ser las relaciones laborales desde el primer día".

Los representantes de CC.OO., Csica y CIG han expresado su respeto por la actuación de UGT, pero han descartado que haga peligrar la continuidad de la mesa laboral al sostener que ésta se ha constituido con el acuerdo previo de "todos". "Está yendo contra sus propios actos", ha manifestado Montero (CIG), quien ha señalado que así lo firmaron todas las organizaciones sindicales. "Entendemos que ir en contra de las decisiones de uno mismo incluso desde un punto de vista legal es difícil", ha insistido. "Es una determinación respetable, aunque considero que un tanto irresponsable porque las plantillas lo que esperan es que realmente la mesa de trabajo se ponga a funcionar y que los problemas se subsanen de la mejor forma posible", ha señalado al respecto Peso (Csica). En esta línea, ha recordado que las discrepancias se centran en un asesor y ha manifestado que UGT había acordado previamente la actual composición. "Es mucho más importante entrar al trapo de empezar a defender en la mesa los derechos de los trabajadores que el que haya un asesor arriba o abajo", ha reiterado. CC.OO. ha rechazo expresar su opinión respecto a la decisión adoptada por UGT.

El TC mantiene suspendidos tres preceptos de la Ley de Cajas gallega

El Tribunal Constitucional (TC) ha ratificado que mantiene la suspensión sobre tres preceptos de la Ley de Cajas gallega que fue aprobada el pasado mes de diciembre, incluida la potestad de la Xunta para emitir una autorización previa sobre las medidas para afrontar situaciones de déficit patrimonial. Asimismo, se mantiene en suspenso el precepto de la ley, aprobada con los votos del PP y del BNG, que establece que es necesaria la autorización de la Xunta para que el consejo de una caja decida sumarse a un sistema institucional de protección o fusión fría. En su auto, el alto tribunal también deja sin efecto por el momento el artículo que especifica que corresponde nombrar a los vocales del consejo de administración y de la comisión de control de entre los miembros de la asamblea general.

Los magistrados mantienen en suspenso estos preceptos de la norma y respaldan algunos argumentos que había dado la Abogacía del Estado, que defendió que la respuesta ante una situación grave para el sistema financiero y para los ahorros de los clientes de una entidad precisa de "medidas inmediatas y eficaces que devuelvan la confianza y eviten el pánico". "Medidas que no pueden verse condicionadas por la necesidad de obtener autorización autonómica", argumentaba el representante del Gobierno central. "En una situación de crisis de las cajas resulta imprescindible que la legislación estatal básica en la materia encuentre una inmediata aplicación sin obstáculos, pues la urgencia en la adopción de decisiones resulta de capital importancia para evitar la inestabilidad de los mercados financieros", esgrime el TC, que entiende que el permiso autonómico podría impedir el despliegue de las medidas necesarias.

Asimismo, prorroga la suspensión del precepto relativo a las fusiones frías, ya que argumenta que la autorización le corresponde otorgarla al Banco de España, mientras que la intervención autonómica previa podría llegar a "interferir o impedir" la constitución de un SIP, "con el consiguiente perjuicio para los intereses generales, vinculados a la garantía del sistema financiero nacional de trascendencia para el conjunto de la economía". "Resulta evidente que los riesgos de crisis, insolvencia o falta de liquidez de una entidad de crédito afectan directamente al conjunto del sistema económico", aduce el TC, órgano que resalta que los efectos de la eventual crisis de una entidad "se extenderían más allá del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma".

No obstante, el Constitucional señala que esta resolución debe desvincularse de la que en su día adopte en relación al "debate de fondo", ya que en este auto "no se trata de defender la titularidad de la competencia discutida", sino de determinar si existe riesgo de "perjuicios irreparables o de difícil reparación" por la vigencia de los preceptos hasta que no haya la resolución en firme.

En cuanto a los miembros del consejo de administración y de la comisión de control, el TC recuerda que la ley básica estatal permite que en representación de las corporaciones locales y de los impositores puedan ser nombrados hasta un máximo de dos personas que no pertenezcan a la asamblea general y que reúnan los requisitos adecuados de profesionalidad. "La privación de la posibilidad de que, en representación de dichos grupos, se designen expertos ajenos a la asamblea general, que puedan incorporar planteamientos y criterios profesionales diferentes a los que resultarían de la pertenencia a la propia asamblea, supone en sí misma un perjuicio constatable", estima el TC. En todo caso, la conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, recordó la semana pasada, cuando se conoció que se iba a levantar la suspensión de algunos artículos que, precisamente sobre los que no se levanta la medida cautelar, ya se había alcanzado un acuerdo con el Gobierno central, en la comisión bilateral, para modificar su redacción.

En el auto hecho público este martes, el TC ha decidido revisar, a petición de la Xunta y del Parlamento de Galicia, la suspensión cautelar que acordó el pasado mes de febrero, con anterioridad a que expirara el plazo de cinco meses que establece la ley. La suspensión cautelar fue consecuencia inmediata tras el recurso de inconstitucionalidad decidido, a principios de febrero, por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Por contra, el Constitucional levanta la suspensión en los otros preceptos de la Ley de Cajas que habían sido recurridos por el Gobierno central, en aspectos como la renovación de los órganos de gobierno, la composición de la asamblea general o las limitaciones para tener más de un representante en el consejo de administración. Entre los apartados que entrarían en vigor figuran los cambios en el peso de cada sector para elegir al 10 por ciento de la asamblea de una caja que corresponde a las entidades representativas de intereses colectivos. Los magistrados del alto tribunal entienden que no se pueden acreditar los "perjuicios irreparables" que se producirían por la vigencia de este artículo.

El Tribunal Constitucional también autoriza la regulación del carácter constitutivo del registro de altos cargos, y los quórum requeridos para los acuerdos de fusión. Además, se levanta la suspensión de la limitación para tener más de un representante en el consejo de administración, la preceptiva autorización de la Xunta a los presupuestos de la Obra Social y el sistema de renovación de los órganos de gobierno en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la ley.

En cualquier caso, Fernández Currás ya había garantizado que esta decisión no afectará al acuerdo de fusión cerrado entre Caixa Galicia y Caixanova, para el que prometió "estabilidad jurídica". Preguntada por la aplicación de los artículos cuya suspensión se levanta, había dicho que el actual contexto es "perfectamente distinto" al que existía cuando PPdeG y BNG aprobaron la ley, en diciembre de 2009, en referencia a que el acuerdo para de fusión de Caixa Galicia y Caixanova está cerrado. De esta forma, la resolución del pleno del Constitucional se produce después de que las dos cajas gallegas, Caixa Galicia y Caixanova, ya hayan acordado fusionarse, una operación a la cual ya le ha dado el visto bueno el Banco de España y que recibirá una ayuda pública de 1.162 millones de euros del FROB.

Feijóo reclama "prudencia" a Caamaño

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado "un poco más de prudencia" al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, respecto de las decisiones del Tribunal Constitucional (TC) y se ha reafirmado en que el Gobierno autonómico "respetó" la Constitución con la aprobación de la Ley de Cajas de Galicia. Esta reacción se produce después de que el titular de Justicia señalase que el levantamiento de la suspensión cautelar de la Ley de Cajas "nada quiere decir" sobre la constitucionalidad de la normativa, ya que es algo "que se hace habitualmente después de que pasa el plazo automático" establecido cuando se impugnan leyes de comunidades autónomas; y que "otros" tendrán que explicar por qué se aprobó ese texto legislativo "a pesar de las dudas de constitucionalidad" que "hoy sigue teniendo".

En cambio, en declaraciones a los medios de comunicación tras la conferencia-desayuno de 'Fórum Europa. Tribuna Galicia', el máximo mandatario autonómico ha subrayado que, de anunciarse el levantamiento en las próximas horas de la suspensión de la Ley de Cajas, "se confirmará que la Xunta actuó conforme a la Constitución". De hecho, para Feijóo, el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central es "un recurso en contra de la fusión de las cajas gallegas", cuyo único objetivo es "perjudicar los intereses generales de Galicia" e "impedir" que esta comunidad "tenga una gran caja de ahorros".

El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Antonio Fontenla, ha dejado claro que con la aprobación de la Ley de Cajas de Galicia "no hay vencedores ni vencidos", en referencia a las palabras del alcalde de Vigo, Abel Caballero, en las que apuntaba que la ciudad olívica había salido ganando en detrimento de A Coruña. "Lo importante es que Galicia tendrá una caja fuerte, sólida, solvente y gallega", ha destacado el líder de los empresarios gallegos, quien ha concluido su intervención calificando el acuerdo para la integración de Caixa Galicia y Caixanova de "razonable" para todas las partes.

Facenda estudiará el auto del TC sobre la Ley de Cajas y buscará cómo hacer compatible su aplicación con la fusión

La Consellería de Facenda estudiará la resolución del Tribunal Constitucional (TC) que levanta la suspensión de ocho de los 11 preceptos de la Ley de Cajas de Galicia recurridos por el Gobierno central y ha garantizado que, en todo caso, tomará "las medidas necesarias" para hacer compatible la aplicación de la norma con el proceso de fusión de Caixa Galicia y Caixanova. Pocas horas después de hacerse público el auto, fuentes del departamento que dirige Marta Fernández Currás han asegurado a Europa Press que "celebran" esta decisión que "da la razón" a Galicia y han explicado que tienen un cierto margen para estudiar en profundidad el documento puesto que el Boletín Oficial del Estado (BOE) tendrá que publicar la decisión del TC para que entre en vigor. "Nosotros ya dijimos que la ley era constitucional", apostillaron.

En concreto, el Constitucional levanta la suspensión de preceptos recurridos en aspectos como la renovación de los órganos de gobierno, la composición de la asamblea general o las limitaciones para tener más de un representante en el consejo de administración.
Entre los apartados que entrarían en vigor figuran también los cambios en el peso de cada sector para elegir al 10 por ciento de la asamblea de una caja que corresponde a las entidades representativas de intereses colectivos. Los magistrados del alto tribunal entienden que no se pueden acreditar los "perjuicios irreparables" que se producirían por la vigencia de este artículo.

El TC también autoriza la regulación del carácter constitutivo del registro de altos cargos, y los quórum requeridos para los acuerdos de fusión. Además, se levanta la suspensión de la limitación para tener más de un representante en el consejo de administración, la preceptiva autorización de la Xunta a los presupuestos de la Obra Social y el sistema de renovación de los órganos de gobierno en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la ley. A la espera de que el BOE certifique la entrada en vigor de estos artículos, Facenda ya había garantizado que esta decisión no afectará al acuerdo de fusión cerrado entre Caixa Galicia y Caixanova, para el que prometió "estabilidad jurídica".

De hecho, había señalado que la fusión de las cajas gallegas es un proceso "extraordinario" y que se podía llevar adelante "con la ley antigua y con la nueva". "Siempre dijimos que una fusión se podía conseguir con los preceptos que hay sobre la mesa y es lo que estamos haciendo", sentenció, antes de aludir al "período transitorio" que -insiste Facenda- es "el que hace posible su seguridad jurídica". En las últimas semanas, el departamento que dirige Currás ha reiterado en varias ocasiones que el artículo 53 de la Ley de Cajas de Galicia -que se mantuvo en la última norma aprobada en el Parlamento sin el respaldo del PSdeG- establece un período transitorio en el que, permaneciendo los órganos de gobierno, no se producirá ninguna renovación de sus miembros hasta que termine dicho período, que será de tres años en el caso de la fusión entre Caixa Galicia y Caixanova.

En concreto, el artículo 53 constata que "transitoriamente, en los casos de fusión, el número de consejeros generales podrá alcanzar la suma de los consejeros de las cajas que se fusionan hasta que, dentro del plazo que señale el acuerdo de fusión, se constituyan los órganos definitivos de la entidad resultante". Con todo, el TC ha ratificado este martes que mantiene la suspensión sobre tres preceptos de la Ley de Cajas gallega, incluida la potestad de la Xunta para emitir una autorización previa sobre medidas para afrontar situaciones de déficit patrimonial, como serían las operaciones de fusión. Asimismo, permanece en suspenso el precepto que establece que es necesaria la autorización de la Xunta para que el consejo de una caja decida sumarse a un sistema institucional de protección o fusión fría. El alto tribunal también deja sin efecto por el momento el artículo que especifica que corresponde a la asamblea general nombrar a los vocales del consejo de administración y de la comisión de control de entre los miembros de la propia asamblea.

Sobre estos preceptos, Facenda dice "respetar" la decisión del TC y señala que "habrá que esperar a que dictamine" también sobre ellos. Con todo, Currás recordó la semana pasada, cuando se conoció que se iba a levantar la suspensión de algunos artículos que, precisamente sobre los que no se levanta la medida cautelar, ya se había alcanzado un acuerdo con el Gobierno central, en la comisión bilateral, para modificar su redacción.

PSdeG cuestiona la compatibilidad del protocolo de fusión y la Ley de Cajas tras el auto y pregunta a la Xunta qué hará

El portavoz del Grupo Socialista, Xaquín Fernández Leiceaga, cuestiona la compatibilidad de la Ley de Cajas de Galicia y el protocolo de fusión rubricado entre los entes crediticios gallegos -Caixa Galicia y Caixanova- tras conocerse el auto del Tribunal Constitucional (TC), que levanta la suspensión de ocho de los 11 preceptos de la normativa aprobada en diciembre de 2009 recurridos por el Gobierno central. En declaraciones a Europa Press, y tras asegurar que los socialistas "respetan todas las decisiones" del TC, Leiceaga recuerda que el alto tribunal se ha pronunciado "sobre la forma", pero "no sobre el fondo de los artículos, algo que -ha indicado- "se hará en un futuro". "Lo normal es, transcurrido este tiempo, levantar la suspensión", sostiene el portavoz parlamentario socialista, quien ha rechazado el calificativo de "abusivo" que otorgó el popular Pedro Puy al recurso presentado por el Ejecutivo que dirige José Luis Rodríguez Zapatero.

Dicho esto, Leiceaga considera que ahora se da una "situación nueva y compleja" en la que la "carga de dificultad está en la Xunta", que -enfatiza- "tiene que aclarar si va a hacer cumplir la ley en las partes que no están recurridas en todos los términos o si va a obligar a redefinir el acuerdo de fusión". Los socialistas, asegura, "ven razonable apoyar la fusión de las cajas, pero con todas las garantías jurídicas" y, ha agregado, "el Gobierno tiene que explicar" que determinaciones adoptará para que esto sea así.

De esta manera, Xaquín Fernández Leiceaga incide en que el Gobierno autonómico "debe explicar qué piensa hacer para compatibilizar" la normativa aprobada en la Cámara y el protocolo y advierte de que "no hay que empeñarse en algo que no tiene respaldo". Sobre una eventual modificación de la ley para adaptarla al protocolo de fusión como han sugerido los socialistas en días pasados, el portavoz del Grupo Parlamentario entiende que "primero el PP tiene que decir qué piensa hacer para cumplir ambas cosas y la modificación -agrega-, es una posibilidad evidente". Para el Grupo del PSdeG, al contrario que en opinión de los populares, el auto del Tribunal Constitucional propicia que "haya elementos", como el de los plazos para la renovación de los consejos de administración de las cajas, que "chocan con el proceso que se está viviendo en las cajas y que todos apoyan, que es caminar hacia la fusión".

"No parecen compatibles al cien por cien", refiere el parlamentario socialista al respecto de la Ley de Cajas y la hoja de ruta marcada por los entes crediticios. "El Gobierno (gallego) no debería, por lo tanto, vanagloriarse demasiado de una ley que no se va a poder aplicar íntegramente", sostiene. Así las cosas, y acerca de la consideración de Pedro Puy acerca de que el protocolo se ha hecho sujeto a la legalidad, Leiceaga advierte de que el PP, entonces, "debe explicar en qué artículo de la ley se establece que un protocolo está por encima de él". "Mientras no lo indique, la ley estará por encima", ha apostillado en este sentido el dirigente socialista.

El BNG pide aplicar las incompatibilidades en las cajas tras el auto del TC y advierte que "no prevalece el protocolo"

El portavoz del Grupo Parlamentario del BNG, Carlos Aymerich, exige "aplicar" la Ley de Cajas de Galicia tras el auto emitido por el Tribunal Constitucional (TC) por el que se levanta la suspensión de ocho de los 11 preceptos recurridos por el Gobierno central. De esta manera, reclama cumplir las "incompatibilidades" que establece la normativa para la composición de los consejos de administración de los entes crediticios y advierte a la Xunta de que "no prevalece el protocolo" firmado entre Caixa Galicia y Caixanova por encima de la legislación. En declaraciones a Europa Press, el dirigente nacionalista ha indicado que el fallo del TC "confirma la plena validez y eficacia" de la ley aprobada por el Parlamento autonómico el pasado mes de diciembre y ha subrayado que, entre otras cuestiones, se ha levantado la suspensión que pesaba sobre la limitación de edad para los órganos de dirección de las cajas, así como también en lo que respecta a la incompatibilidad de los cargos políticos.

Aymerich recalca que también "avala la potestad de orientar la obra social de las cajas" junto con el "compromiso de economía productiva" y, sin embargo, mantiene paralizados "aspectos menores", como la autorización previa a una alianza que "es un asunto sobre el que ya se había llegado un acuerdo" entre el Gobierno central y autonómico en la mesa de negociación abierta para desbloquear el texto normativo. "La ley queda en vigor. No hay excusas", destaca el dirigente nacionalista. En este sentido, el portavoz parlamentario del Bloque enfatiza que la Cámara autonómica "ha escogido unos representantes" para los consejos de administración y "eso hay que aplicarse". "Cuando la Xunta dice que prevalece el protocolo, no tiene ningún sentido, ¿cómo va a prevalecer sobre una norma con rango de ley un acuerdo entre entidades?", reflexiona.

Asimismo, realiza esta misma reflexión a la pretensión del PSdeG de modificar la Ley de Cajas de Galicia al advertirle de que "no tiene sentido" cambiar una normativa que está avalada y aprobada por el Parlamento autonómico. "Si la ley no va a afectar a la fusión, nadie debería hacer causa de que afecte a la formación de personas", sostiene, salvo que -ha matizado- "no se defiendan los intereses generales". "Lo que toca a todo el mundo, incluidos PP y PSOE, es acatar la sentencia", concluye. Por otro lado, los nacionalistas se ratifican en que cuando se advirtió de que era un recurso político estaban en lo cierto y entiende que, igual que el PSOE lo ve para la Ley del Aborto, también es "impresentable" recurrir al Tribunal Constitucional para paralizar una normativa "que se perdió en una votación".

Fotografía: archivo GD/Xunta de Galicia