Los sindicatos plantan al Ejecutivo gallego en la reunión sobre la reforma de la Ley de funcionarios

El máximo responsable en esta materia, por su parte, ha defendido la medida que pretende adoptar el Ejecutivo gallego y ha esperado que, hasta el viernes 15 de octubre, "que sería la primera aprobación del texto por parte de la comisión de personal", la Xunta pueda "alcanzar algún acercamiento" con las organizaciones sindicales.

En declaraciones a los medios ante la Escola Galega de Administración Pública (EGAP), donde unas 50 personas se han concentrado en señal de protesta, representantes de las cuatro centrales han censurado una reforma que, aseguran, "hará más precaria" la Administración pública autonómica, favorecerá la movilidad "forzosa" y el "nombramiento a dedo" -por el sistema de libre designación- de altos cargos. Han reclamado que la negociación se inicie a partir de noviembre y tenga una duración de tres meses, para lo que, previamente, exigen la retirada "con carácter inmediato" de las disposiciones que introducen los cambios de la norma en la Ley de Presupuestos de la Xunta para 2011, vía que han tachado de "impositiva" y "antidemocrática".

Barreiro, que ha admitido su "sorpresa" ante la actitud de los sindicatos, ha señalado la posibilidad de "aceptar algunas de las modificaciones propuestas" por los mismos hasta el final de esta semana, aunque "lo normal es estar negociando y presentando alegaciones", ha matizado, a preguntas sobre el plantón. De no llegar a ningún acuerdo, el director xeral de Función Pública ha subrayado que el proyecto se presentará en el Parlamento "para ya debatirlo" en la Cámara, donde "siempre cabe la posibilidad de vía enmienda llegar a cualquier tipo de mejora", ha constatado. "Ahora, los puntos esenciales del proyecto, evidentemente, van dirigidos a una mayor reordenación de todos los medios personales de la Administración en estos momentos de grave crisis económica", ha resaltado. Con ello, ha incidido en que el Ejecutivo busca evitar "supuestos" en los que existen "muchos funcionarios y poca carga de trabajo" y viceversa.

A las puertas de la sede de la EGAP en Santiago de Compostela, la responsable de Administración Pública de la CIG, Carmen López, ha expresado su "más rotunda oposición" a la reforma, sobre la que ha criticado una negociación "fuera de tiempo" y una aplicación "directa" en las cuentas de la Comunidad Autónoma para el año que viene. Ha denunciado la intención de "echar por tierra las reglas de juego" para implantar una "movilidad abierta al antojo" de la Xunta. "Hay regulaciones específicas de obligado cumplimiento y negociación", ha advertido, en alusión a la normativa sobre movilidad en sectores como sanidad, educación y justicia. Al respecto de este punto que pretende modificar el Gobierno gallego, José María Barreiro ha asegurado que, "en principio -la movilidad- siempre será negociada con todas las organizaciones sindicales y de carácter voluntario". "La excepción sería en todo caso el carácter forzoso", ha recalcado.

El secretario nacional de CIG-Autonómica, Fernando García, ha denunciado que esta cuestión es "gravísima" y "va más allá de lo laboral" y la ha definido como un "tema político". Ha acusado al titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de buscar generar una Administración "al servicio del Partido Popular", al reprobar la vuelta al sistema de libre designación: "El dedo omnímodo con el que Feijóo podrá nombrar a más de 200 jefes de servicio, traer personal de otras comunidades y apartar a funcionarios díscolos", ha recalcado.

Además, se ha referido a la introducción de cambios que, según incide, abren la puerta a la posibilidad de "hacer un indulto a funcionarios corruptos, condenados y con la pena principal o accesoria de la separación de la Administración pública". Este hecho, combinado con "la exclusión en la Ley de incompatibilidades" de asesores y personal eventual de las consellerías, puede dar como resultado, según ha alertado, que Galicia cuente con "asesores del caso Gürtel" con responsabilidades en materia de contratos públicos y "prelados del Opus Deis asesorando en temas de educación y familia".

En nombre de CSIF se ha pronunciado el presidente del sector autonómico Juan Carlos Rivas, quien ha incidido en que Función Pública "no ha utilizado los cauces adecuados". "No podemos encontrarnos con que se pretende una modificación de la ley para todos aquellos aspectos problemáticos y que suponen una precarización", ha reprobado. En el apartado de la movilidad, ha asegurado que será "forzosa" y permitirá, "incluso, cambio de localidad".

El secretario xeral de la Federación de Servizos á Cidadanía de CC.OO., Ramiro Otero, ha hecho hincapié en que "la actitud" de la Xunta con los empleados "alarma" a los sindicatos. Tras acusar al Gobierno de Núñez Feijóo de "externalizar y privatizar" servicios, ha interpretado la intención de reformar la Ley de Función Pública como "la puntilla al camino iniciado hace dos años".

El secretario nacional del sector de Autonómica de la Federación de Servicios Públicos de UGT, José Francisco Núñez, ha llamado la atención sobre la "predisposición a negociar" mostrada por las centrales en cuestiones como el diálogo social. En consecuencia, ha tildado de "inaudito" que el Ejecutivo busque "negociar una reforma sobre la base de la imposición" y sin dar a conocer datos. "Rechazamos absolutamente esta manera de proceder", ha sentenciado.