La Xunta anuncia que recurrirá al Tribunal Constitucional si el Gobierno central no abona a Galicia 805 millones de los fondos adicionales

En la capital del Estado, varias comunidades autónomas han acusado al Gobierno de incumplir el nuevo modelo de financiación autonómica al denegarles el pago de los fondos adicionales que reclaman para este año 2011. Así lo han manifestado los representantes de varias comunidades autónomas a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, durante la reunión del CPFF.

La conselleira de Facenda de la Xunta, Marta Fernández Currás, ha explicado que la ministra ha comunicado a las comunidades que la reunión del CPFF "no era el foro" para abordar el pago de los fondos adicionales, de lo que ha dicho sentirse "sorprendida", por lo que ha pedido al Gobierno que reconsidere su postura. En cualquier caso, ha explicado que el Ejecutivo autonómico ya ha solicitado una reunión de la Comisión Bilateral Xunta-Estado para abordar esta cuestión y ha adelantado que si el Gobierno no abona la cantidad de 805 millones de euros que, según ha dicho, corresponden a la Administración gallega, presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC).

En estos mismos términos se ha pronunciado el consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad Valenciana, Gerardo Camps, quien ha explicado a los medios que ya ha encargado la elaboración de un estudio a la abogacía general de la Generalitat para saber si el rechazo de entrega de los fondos adicionales "se puede recurrir a los tribunales". Como la conselleira gallega, Camps ha señalado que la propia Salgado es la que ha instado a las comunidades a que recurran a la vía jurídica, mientras que la consejera económica de Murcia, Inmaculada García Martínez, ha lamentado que las autonomías están viendo cómo "desaparecen" los fondos con los que contaron para elaborar sus presupuestos de 2011, por lo que ha recordado que el Gobierno regional ya ha recurrido al Constitucional.

El consejero de Economía y Conocimiento de la Generalitat de Cataluña, Andreu Mas-Colell, ha advertido de que mantendrán la reivindicación por los fondos adicionales "hasta el último día", a pesar de que ha subrayado que la posición de la ministra al respecto ha sido bastante "cerrada". El consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, ha hablado de "voluntad de deslealtad evidente" por parte del Ejecutivo y, en declaraciones a los medios tras la reunión, le ha acusado de estar "ajeno a la realidad económica del país y a los esfuerzos de las comunidades autónomas para el control del déficit y el gasto público". En su opinión, la reunión del CPFF ha sido "un mero trámite para cumplir formalmente una ley" y "ratificar ante todos el acuerdo mediante el cual se aprobó el sistema de financiación autonómica". Para Beteta, este modelo está "muerto" porque, en su opinión, el Gobierno "lo ha incumplido reiteradamente y hoy ha ratificado su incumplimiento".

Los representantes de Extremadura y Baleares, ambos socialistas, se han mostrado menos exigentes, si bien han reconocido la necesidad de recibir los fondos adicionales, por lo que ambos han mostrado su confianza en poder alcanzar un acuerdo con el ministerio.

Por otra parte, el consejero madrileño ha explicado a los medios que durante la reunión ha propuesto el compromiso de déficit cero para el próximo año, pero que la vicepresidenta económica "ha desoído" la proposición, "no asumiendo sus compromisos de lucha decidida contra el déficit", por lo que, a su juicio, el CPFF ha sido "una ocasión perdida para la recuperación económica, para mandar un mensaje a los mercados para que se cree riqueza y empleo". En la reunión se ha aprobado finalmente el objetivo de estabilidad presupuestaria, que queda establecido en el 1 por ciento de déficit para 2014. El consejero valenciano ha dicho haber salido con una sensación de "decepción" porque, a su juicio, las previsiones del Gobierno son "irreales".

Además, Fernández Currás y la consejera murciana se han mostrado de acuerdo y han advertido de cierta "incertidumbre" porque si no se cumplen las previsiones de ingresos realizadas por el Ministerio de Economía y Hacienda, será más complicado cumplir con el objetivo del 1 por ciento. Por el contrario, el consejero de Administración Pública y Hacienda extremeño, Ángel Franco Rubio, considera que pasar del 1,1 por ciento que está previsto para 2013 al 1 por ciento no supone un esfuerzo adicional para su comunidad autónoma. En su opinión, la propuesta de Madrid de llegar al déficit cero el año que viene es "drástica", ya que "está bien como aspiración, pero mientras la economía no repunte el sector público debe garantizar la prestación de los servicios sociales con un reducido déficit o apelación a la deuda".

El consejero canario de Economía y Hacienda, Jorge Rodríguez, también se ha mostrado partidario del objetivo de déficit y ha dicho que el Gobierno de las islas está a favor del "rigor en la ejecución presupuestaria, siempre y cuando permita mantener los servicios públicos esenciales". Además, confía en poder cumplir el acuerdo del CPFF debido al crecimiento que está experimentando la economía canaria.

El Gobierno aprueba los planes de reequilibrio de Galicia y otras seis CC.AA. y deja seis pendientes de aprobación

El Ministerio de Economía y Hacienda ha aprobado los planes de reequilibrio que han presentado siete comunidades autónomas (Castilla y León, Murcia, Cantabria, Asturias, Galicia, Aragón y Canarias), aunque ha dejado pendiente de aprobación los de Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana, Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha. Así lo ha señalado la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, en una rueda de prensa tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde ha explicado que también hay acuerdo para aprobar los planes de País Vasco y Navarra, que se aprobarán en sus Comisiones Mixtas.

Sólo Madrid y La Rioja no han tenido que presentar estos planes de reequilibrio al haber cumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria en 2009 y haber presentado en 2011 un presupuesto con un déficit inferior al 0,75% del PIB. Salgado ha explicado que las medidas que han presentado las siete comunidades que han logrado el visto bueno de Economía más País Vasco y La Rioja suponen una reducción del déficit del 47,6% en comparación con 2010. Esto se traduce en 4.283 millones, 3.479 millones de reducción de gasto y 645 millones de aumento de ingresos.

Según la vicepresidenta económica, los planes de reequilibrio aprobados garantizan la coherencia de las previsiones presupuestarias de dichas comunidades, con el límite máximo del 1,3% fijado dentro de la consolidación fiscal. Además, la aprobación de los mismos permite la autorización por parte del Estado del primer tramo de endeudamiento con cargo al déficit de 2011, equivalente al 0,65% del PIB de cada comunidad autónoma.

Por el contrario, quedan pendientes de aprobación los planes de reequilibrio de seis comunidades, aunque, según Salgado, a algunos planes les faltan "pocos detalles y ajustes" y podrán ser aprobados rápidamente, como podría ser el caso de Extremadura y Andalucía. Ha confiado en poder convocar un nuevo CPFF en un breve plazo de tiempo, aunque no sería razonable que se hiciera antes de las elecciones del 22 de mayo y habrá que esperar, por tanto, a la formación de los nuevos gobiernos regionales.

Sobre la petición de Cataluña de recibir un anticipo del Fondo de Competitividad para poder cumplir con la reducción del déficit, Salgado ha dicho que otras comunidades se han sumado a esta petición en el turno de ruegos y preguntas, aunque el Ministerio no ha autorizado ningún anticipo y se va a limitar a "cumplir la ley"'. No ha querido valorar la cifra que Cataluña dice que le corresponde (1.450 millones) y se ha limitado a decir que esa cifra no ha salido del Ministerio y que aún no se puede calcular.

El CPFF ha aprobados los objetivos de déficit para el periodo 2012-2014, que contemplan la novedad de que las comunidades puedan incurrir en un déficit del 1% en el año 2014.
Así, las comunidades reducirán el déficit desde el 2,8% que registraron al cierre de 2010 al 1,3% en 2011. Además, tendrán que mantener ese mismo nivel de déficit en 2012 (1,3%), reducirlo al 1,1% en 2013 y cerrar el 2014 en el 1%. Sin embargo, estos objetivos se aprueban de manera conjunta primero y después en cada territorio, lo que permitirá que alguna comunidad supere este límite siempre que pueda ser compensado por otra. Salgado ha puesto como ejemplo a la Comunidad de Madrid, que se ha comprometido a no superar el 0,75% del PIB.

La vicepresidenta económica ha asegurado que en la reunión no se ha hablado del año 2011 y ha asegurado que no tiene ninguna preocupación sobre el riesgo que suponen las CC.AA. para el cumplimiento del objetivo general porque los territorios están en la senda de reducción. El Ministerio también ha presentado al CPFF sendos informes sobre la ejecución presupuestaria de las comunidades y las autorizaciones de operaciones de endeudamiento tramitadas durante el segundo semestre de 2010. El análisis semestral muestra que el déficit presupuestario generado en la segunda mitad del año fue de 12.414,21 millones, el 1,17% del PIB, por unos ingresos no financieros de 71.100 millones (-15,1%) y unos gastos no financieros de 83.514 millones (-11,3%). En la primera mitad de 2010 la reducción del gasto había sido del 1,36%.

El otro informe recoge que en la segunda mitad del año el Gobierno autorizó a las comunidades operaciones de endeudamiento por 6.891 millones de euros, frente a los 27.226 millones del año anterior. En 2010, el Consejo de Ministros ha concedido 46 autorizaciones de operaciones a las 17 comunidades por 34.117,9 millones, de los que 14.207 se autorizaron a 11 regiones con cargo a endeudamiento derivado de los déficit de 2008 y 2009, mientras que 10.304 millones se autorizaron a todas las CC.AA. para atender las amortizaciones de deuda y 9.605 para financiar el déficit del ejercicio en curso. Salgado ha asegurado que el Estado compensará a las comunidades autónomas la supresión del Impuesto de Operaciones Societarias, a pesar de las dudas que han mostrado algunos consejeros. "El Gobierno cumplirá estrictamente la ley", ha indicado.

Fotografía: archivo GD/Xunta de Galicia