La Xunta ahorró 21 millones y prescindió de 489 empleos en el proceso de racionalización de entes públicos

"Cumplimos con el compromiso de respetar los empleos de carácter fijo y de acceso mediante procedimiento de libre concurrencia, mérito y capacidad", ha sentenciado el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, quien acompañó al titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en su habitual comparecencia tras la reunión semanal del Ejecutivo, para dar cuenta de los resultados de la primera fase de este plan de racionalización y anunciar el arranque de la segunda fase del mismo.

En relación al personal del que prescindió la Xunta, Rueda ha referido que también hay "directivos" y que parte de los 21 millones ahorrados por la Comunidad con la "racionalización" de estos organismos, aunque "no todo", deriva de la reducción de puestos de trabajo. En concreto, el Gobierno gallego atribuye hasta "el 60 por ciento" de ese ahorro a los 42 entes eliminados y a los otros seis en los que se afrontó "una reestructuración". El resto -más de ocho millones de euros- deriva de las mejoras introducidas en los otros 16 organismos "evaluados" en los que el plan apostaba por su continuidad, "con la introducción de cambios" para buscar "una mayor eficacia y eficiencia".

Núñez Feijóo ha manifestado su satisfacción por cumplir los "objetivos marcados" en la primera fase de este "pionero" programa de racionalización -en la que se hizo una evaluación global de 64 entes- y ha proclamado que Galicia tiene hoy "una Administración autonómica más eficiente y, por tanto, más pública". Todo ello, ha añadido, en el marco del "decálogo del plan de austeridad y de reforma del sector público" impulsado por su Gobierno y que incluye, junto con el recorte de la administración paralela, la reducción de consellerías, altos cargos, personal de gabinete, y delegados provinciales, así como la "racionalización" del parque móvil, la búsqueda de la eficiencia energética, el impulso de la administración electrónica, la reducción del gasto farmacéutico, y la apuesta por la disciplina presupuestaria.

Alfonso Rueda ha explicado que la segunda fase del plan incluirá el análisis de otros 52 organismos y que, a diferencia de la fase anterior -en la que tres quedaron excluidas-, todas las consellerías estarán afectadas. Ha adelantado que la Xunta analizará estos entes antes del primer trimestre del próximo año y que el objetivo es que "antes de acabar la legislatura" todas las medidas contenidas en ella estén ejecutadas. El conselleiro ha coincidido con Feijóo en que, un año después de la puesta en marcha de este plan, los objetivos de su primera fase están "cumplidos" en su "práctica totalidad". "A día de hoy se puede afirmar que el 95 por ciento de las previsiones que estaban contenidas en el plan están ya cumplidas y el 5 por ciento restante a punto de llegar a su cumplimiento en fechas próximas", ha concluido.

El presupuesto de la Xunta para 2012 incluirá por primera vez un techo de gasto

La próxima aprobación de la Ley de disciplina presupuestaria y sostenibilidad financiera de Galicia provocará que las cuentas de la Xunta para 2012 sean las primeras que incorporen un techo de gasto no financiero, que deberá aprobar el Parlamento gallego. El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica los criterios para la elaboración del presupuesto de la Xunta para el próximo ejercicio, que se basan en las prioridades del Plan Estratégico 2010-2014, horizonte 2020, según ha indicado en un comunicado la Consellería de Facenda.

Las instrucciones avanzan en el proceso de consolidación fiscal acodado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con el fin de alcanzar en 2013 un déficit del 1,1% del producto interior bruto (PIB). Facenda ha señalado, en este sentido, que los departamentos de gasto deben buscar "la máxima productividad" de los recursos financieros, de forma que queden fijadas las prioridades presupuestarias y se desarrolle el sistema de elaboración de presupuestos por objetivos. El objetivo de las cuentas públicas de 2012 será lograr la dinamización económica "con un mayor crecimiento y el aumento del empleo", así como alcanzar una mayor competitividad a través de la economía del conocimiento, "mantener la sostenibilidad ambiental y el equilibrio territorial y promover una administración austera, eficiente y próxima al ciudadano".

Los criterios establecen que cada proyecto debe relacionarse con objetivos específicos y acompañado de indicadores para medir su grado de cumplimiento. Estas normas "prosiguen la senda de austeridad marcada en los dos últimos ejercicios" y hacen "especial hincapié" en la elaboración de políticas de gasto partiendo de cero y con el requisito de que cada gestor "deberá justificar la necesidad y prioridad de cada euro", sobre todo en gastos y subvenciones corrientes.