Una de cal y otra de arena: Galicia se beneficia de la decisión de la UE de conservar las ayudas en varias regiones pero el Gobierno central se niega a transferir los 800 millones que pide la Xunta

El pleno del Parlamento Europeo ha respaldado -por 506 votos a favor, 48 en contra y 101 abstenciones- la propuesta de Bruselas de crear una categoría de regiones en transición que podrían seguir beneficiándose de los fondos europeos pese a que su renta supera el 75% de la media comunitaria. En el caso de España, esta medida beneficiaría a Galicia, Castilla-La Mancha, Andalucía y Murcia. Los diputados, que han definido sus prioridades para la política de cohesión 2014-2020, también piden mantener el nivel actual de financiación y reducir las trabas burocráticas.

La nueva categoría intermedia beneficiaría a las regiones cuyo PIB per cápita se sitúa entre el 75% y el 90% de la media de la UE. Estos territorios seguirían recibiendo ayudas, aunque menos que cuando formaban parte del objetivo convergencia, que agrupa a las regiones más pobres de la UE. En concreto, el Ejecutivo comunitario ha propuesto que comunidades como Galicia, Castilla-La Mancha y Andalucía mantengan dos tercios de sus fondos, y Murcia una proporción inferior. La creación de esta categoría garantizaría un "sistema equitativo" que permita abordar mejor el impacto de la crisis económica y financiera en las regiones, "fortaleciendo al mismo tiempo la justicia y la solidaridad", según el informe del Parlamento. Las regiones con una renta per cápita inferior al 75%, como Extremadura, seguirían concentrado la mayor parte de las ayudas.

El Gobierno rechaza transferir los 805 millones que reclama la Xunta

El Gobierno ha rechazado transferir los 805 millones de euros que reclama la Xunta de Galicia al considerar que le corresponden conforme al sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, en una reunión mantenida en Madrid con la conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás. Al término de la reunión, en la que el Gobierno central ha estado representado a nivel de directores generales, la conselleira ha dicho, en declaraciones a la prensa, que no ha habido "ningún avance, ninguna transacción y ninguna propuesta" para llegar a un acuerdo. "Ahora el Gobierno gallego pensará qué es lo que tiene que hacer", ha adelantado Fernández Currás sobre la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de presupuestos generales del Estado de 2011.

La conselleira expuso que se trata de una decisión del Gobierno gallego "en su conjunto" y que éste tomará las "medidas pertinentes". En concreto, el Ejecutivo gallego cuenta hasta el próximo mes de septiembre con plazo para decidir si interpone un recurso ante el Tribunal Constitucional. "Yo transmito que la postura del Estado fue invitarnos a que continuemos en la vía judicial", ha agregado, al tiempo que ha explicado que el Gobierno "entiende que la vía judicial ya está abierta", después de que la Xunta haya presentado un recurso contencioso administrativo y de que otras comunidades autónomas, como Murcia, hayan interpuesto recursos de inconstitucionalidad. Según la conselleira, "existen múltiples razones de inconstitucionalidad", y "la primera de ellas es la suficiencia financiera de las comunidades autónomas, que es básica para que puedan cumplir con su obligación de prestar los servicios públicos fundamentales a todos los ciudadanos y en las condiciones que estos se merecen". Según Fernández Currás, el Gobierno central ha propuesto a la Xunta que solicite un adelanto a la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, aunque ya "ha anticipado que la respuesta va a ser no". Por lo tanto, ha considerado que más que una invitación parece "una pérdida de tiempo añadida".

La conselleira se ha declarado "decepcionada y sorprendida" por el resultado de la reunión, que a su entender se trataba de una "comisión bilateral", aunque el Ministerio de Política Territorial la ha calificado como una "reunión técnica". Ha considerado que la aceptación por parte del Estado de una "comisión bilateral" requiere "voluntad negociadora" de éste, "que no se ha demostrado aquí en ningún momento". Así que, según ha señalado, el encuentro con los representantes del Estado ha supuesto "una pérdida de tiempo". Según la responsable gallega, el Estado ha planteado la reunión como una oportunidad de despejar las dudas interpretativas de la Xunta, "que no son tales dudas, sino un incumplimiento absoluto del sistema de financiación". En cambio, Fernández Currás ha subrayado la "voluntad de diálogo" demostrada por la Xunta no sólo en este asunto, sino también en otros litigios de constitucionalidad, como los relacionados con el catálogo de medicamentos o la ley de cajas.

Marta Fernández ha destacado la ausencia de secretarios de Estado en la reunión, al tiempo que ha aseverado que "esta conselleira no tiene nada más importante ni mejor que hacer que intentar hacer llegar al presupuesto de la comunidad autónoma esos 805 millones que son vitales para la Hacienda Pública gallega". Por otro lado, y dado que los presupuestos de la comunidad autónoma de este año incluyen 243 millones del Fondo de Cooperación, que se encuentran incluidos en la partida global de 805 millones, la conselleira ha dicho que la Xunta ya ha presentado y ha sido aprobado un plan de reequilibrio económico. No obstante, Fernández Currás ha alertado de que la negativa del Estado a transferir los 243 millones del Fondo de Cooperación pone "en riesgo" que la comunidad pueda cumplir, por tercer año consecutivo, con el objetivo de estabilidad. A sus reproches, la titular de Facenda agregó que la actitud del Gobierno central se produce sólo dos días después de que el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunciase 8.000 millones de euros de recursos adicionales para las comunidades en 2012. Al respecto, ironizó con si el Gobierno también invitará a las comunidades a reclamar estos "supuestos nuevos recursos ante los tribunales".

Además de los 243 millones de euros del Fondo de Cooperación, la Xunta reclama una partida de 228 millones de minoración de recursos que provoca el 'statu quo', a pesar de que esta cláusula se incluyó como garantía de no perder capacidad financiera con respecto al anterior modelo. Los recursos adicionales del año pasado, correspondientes al sistema de financiación autonómico, por importe de 162,3 millones y los 171,6 por la revisión tras el incremento de tipos impositivos del IVA completan los 805 millones que reivindica Galicia.

El PSdeG acusa a Feijóo de "abrir un frente demagógico" al pedir fondos que "no están" en el acuerdo del CPFF

El secretario xeral del PSdeG, Manuel 'Pachi' Vázquez, ha acusado al presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, de "abrir un frente demagógico" al pedir fondos -805 millones de euros- que "no están" en el acuerdo de financiación autonómica cerrado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Preguntado por la reunión bilateral -que, en palabras de la conselleira Marta Fernández Currás concluyó "sin avances"- y el debate en torno a los 805 millones que reclama la Xunta, Pachi Vázquez ha replicado que este asunto está "muy manido" y ha subrayado que la Xunta firma "una cosa en Madrid y viene a Galicia a decir justo lo contrario". "Una vez más, cuando Feijóo llega, niega todo lo que se dijo allí y abre un frente demagógico pidiendo cosas que no están estipuladas", ha resumido el jefe de filas del PSdeG.

El BNG apoya que Galicia reclame 805 millones pero cree que necesita otro "estatus financiero"

El portavoz del Grupo Parlamentario del BNG, Carlos Aymerich, ha reiterado el apoyo de la formación nacionalista para que Galicia reciba los 805 millones de euros que demanda al Estado al en el marco de la financiación autonómica, pero advierte de que "el problema" de la Comunidad gallega es que "necesita un estatus político y financiero distinto". De hecho, coincidiendo con la reunión en Madrid entre Xunta y Estado en la que el Gobierno gallego exige este montante (en concepto de 'statu quo', fondo de cooperación y recursos adicionales), Carlos Aymerich ha enfatizado la necesidad de que Galicia "alargue el autogobierno político con más competencias y el financiero con más recursos", para lo que estima preciso un "estatus y un marco de relación con el Estado distinto".

Sin embargo, el portavoz parlamentario nacionalista ha lamentado que "no se hizo nada" en este sentido por parte el Ejecutivo autonómico, al que le recrimina que "no tiene ambición de país" y que, tras dos años de gobierno ahora que ha finalizado el ejercicio legislativo, ha actuado como "una mera oficina de reclamaciones" y "dependencia del Partido Popular" para llevar a "Rajoy a la Moncloa". Ha remarcado que, en el ecuador de la legislatura, no se produjo "ni una sola reclamación" al Estado para mejorar el estatus de Galicia y, además, el PP no apoyó las iniciativas en Madrid que permitiesen mejorarlo, como en el caso de la transferencia de tráfico (que se debatió en septiembre del año pasado con el apoyo unánime de la Cámara gallega, pero que en el Congreso recibió el no del PSOE y la abstención del PP -que si hubiese votado a favor permitiría a Galicia contar con esa competencia-).

Sobre la reclamación concreta de los 805 millones de euros, Aymerich ha reiterado el apoyo de los nacionalistas, si bien ha indicado que presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) no tendría efectos inmediatos, y cuando haya una resolución, aunque sea positiva, ya habrán pasado varios años. Además, reprobó que esta reclamación se haga después de que en los presupuestos gallegos para el este año no se hubiesen presupuestado estos millones, lo que le ha hecho preguntarse el motivo de "por qué no están consignados" estos fondos. De ahí que Carlos Aymerich también denunciase que el Gobierno gallego firmó una financiación autonómica que ahora se "comprueba" que es un marco "injusto, discriminatorio e insuficiente", tal y como, recordó, había denunciado el BNG.

Aymerich también censuró que el portavoz del Grupo Popular, Pedro Puy, argumentase que la situación económica y la postura de los nacionalistas más "distanciada" del trabajo realizado en la pasada legislatura "justificaba" que no se emprendiese la reforma del Estatuto de Autonomía. "Nosotros lo que le reclamamos a la Xunta de Galicia son soluciones: Para mejorar el autogobierno, a la crisis económica, para crear empleo, para dinamizar la economía gallega, para poner a Galicia en una senda de crecimiento económica", ha explicitado el portavoz del BNG en la Cámara gallega, al tiempo que ha lamentado que "no se ve alternativa de ningún tipo" por parte del Gobierno autonómico.
Por ello, ha esperado que ya que no se ha tomado ninguna decisión al respecto de que el mes de julio sea "hábil en todos los sentidos", el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "comparezca" para explicar "qué está haciendo para combatir la crisis, para explicar los datos del paro, para explicar qué va a pasar con estas negociaciones con el Estado, y para proponer soluciones alternativas".

El portavoz del Grupo Parlamentario del BNG ha calificado este periodo de sesiones como "triste" en materia de transparencia y ética del Gobierno gallego y ha puesto el ejemplo de las imputaciones a dos directivos del Igape, que "ni dimitieron, ni cesaron", y sólo fueron "apartados de sus funciones". "Y es la primera vez que la policía judicial entra en dependencias de la Xunta para detener a altos cargo del Gobierno gallego", ha advertido Carlos Aymerich, quien ha denunciado que el instrumento tan importante para dinamizar la economía gallega "sigue en situación de stand-by". "O cambia o habrá que pensar que en Galicia no hay un gobierno, sino una delegación del PP que quiere adoquinar con parados gallegos para que Feijóo llegar más rápidamente a la Moncloa", ha sentenciado Aymerich.

La viceportavoz del Grupo Parlamentario del BNG, Ana Pontón, ha informado de que los nacionalistas han impulsado durante este periodo de sesiones más de 1.500 iniciativas parlamentarias en el sentido de pedir una "rectificación" a las políticas para salir de la crisis económica y reactivar la economía; al respecto de las medidas "lesivas" contra los sectores productivos básicos, por parte del Estado y la Unión Europea; en contra del "intento de frenar los servicios públicos"; y en favor de la lengua y cultura gallegas.
Asimismo, explicó que el Grupo del Bloque es el que mayor número de propuestas de ley introdujo en los debates parlamentarios, un total de cinco, frente al Gobierno que "sólo fue capaz de aprobar cuatro en todo el periodo de sesiones". Ana Pontón también concluyó que los conselleiros "cada vez comparecen menos", y sólo lo hicieron en una ocasión, ninguna de ellas a petición de la oposición. Además, el titular de la Consellería de Presidencia, Alfonso Rueda, no lo hizo en todo el periodo de sesiones y el presidente sólo intervino en este formato en el debate sobre el estado de la autonomía.

Nota de prensa remitida por el Gabinete de Comunicación de la Xunta de Galicia:

A conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, criticou que o Goberno central non accedese a negociar na Comisión Bilateral convocada para abordar os 805 millóns de euros que lle adebeda a Galicia este ano por incumprimentos do sistema de financiamento autonómico e se limitase a invitar a esta comunidade a acudir ao Tribunal Constitucional

Marta Fernández Currás afirmou que a negativa de transferir os 243 millóns de euros do Fondo de Cooperación pon en risco que a comunidade poida cumprir por terceiro ano consecutivo co obxectivo de estabilidade.

A titular de Facenda lamentou que a delegación do Goberno central non amosase ningunha vontade de consenso a pesar de que ela encabezou a delegación galega a este foro de negociación entre administracións, xa que este asunto é a súa máxima prioridade do Executivo autonómico neste momento.

A titular de Facenda explicou que esta actitude do Executivo central é máis sorprendente se cabe cando se produce dous días despois de que o vicepresidente primeiro do Goberno, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunciase 8.000 millóns de euros de recursos adicionais para as comunidades autónomas en 2012.

Neste sentido, se preguntou se o Goberno tamén invitará ás comunidades a reclamar estes supostos novos recursos ante os tribunais, logo de que así o fixese hoxe con parte dos 9.000 millóns de euros adicionais que comprometeu hai ano e medio para as autonomías co novo modelo de financiamento autonómico.

Desta forma, a conselleira de Facenda sinalou que ao Goberno galego non lle queda máis remedio que analizar a situación, tendo en conta que ten ata o vindeiro mes de setembro para que o Consello da Xunta poida acordar interpoñer un recurso ante o Tribunal Constitucional para reclamar os 805 millóns de euros por incumprimentos do modelo de financiamento.

Entre as partidas que a conselleira de Facenda defendeu en Madrid está unha de 228 millóns de euros de minoración de recursos que provoca o Statu Quo, a pesar de que esta cláusula se incluíu como garantía de non perder capacidade financeira con respecto ao anterior modelo. Esta baixada de recursos supón un incumprimento do pactado e significa que a comunidade percibiría máis de 200 millóns de euros adicionais cada ano se non se implantase esta cláusula.

Ademais, a delegación galega solicitou os 243 millóns de euros do Fondo de Cooperación que o Goberno se nega a transferir este ano pese a que si o fixo en 2010 e en 2009. Os recursos adicionais do ano pasado correspondentes ao sistema de financiamento autonómico, por importe de 162,3 millóns de euros, e os 171,6 pola revisión tralo incremento de tipos impositivos do IVE completan os 805 millóns de euros que reivindica Galicia.

Fotografías 2 y 3: Xunta de Galicia