La Xunta plantea la posibilidad de reducir el sueldo durante las bajas y los sindicatos creen que es el "ataque más grave" contra la función pública

La conselleira de Facenda, Elena Muñoz, anunció esta propuesta en unas declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse con los sindicatos de la función pública -CIG, UGT, CC.OO. y CSI-CSIF- para presentarles una batería de medidas para ahorrar unos 80 millones anuales en este ámbito.

"Trasladé las consecuencias de la situación económica actual y les garanticé -a los sindicatos- que no se van a tocar por parte de este Gobierno las retribuciones de los empleados públicos", ha expuesto la conselleira, que ha comparado esta decisión con la rebaja de un 5% del salario ejecutada por el anterior Gobierno central y con medidas de rebajas en las retribuciones que están implantando otras comunidades. Muñoz Fonteriz ha defendido que se trata de "medidas de eficiencia", que están "adecuadas al momento de crisis". Ahora, ha indicado, los representantes sindicales deben analizarlas para hacer sus contrapropuestas. "No son cerradas y estamos dispuestos a llegar a consensos", ha afirmado la titular de Facenda, que ha avanzado que será "una negociación rápida" porque así lo requiere la coyuntura y ha dado un plazo de 15 días para cerrar las medidas.

En cualquier caso, la conselleira ha indicado que no puede decir que "ya no habrá que hacer más ajustes", puesto que está a la espera de conocer los datos definitivos de crecimiento previsto en 2012 y de conocer con exactitud los ingresos que tendrá la comunidad. "En estos momentos no podemos cerrar ninguna posibilidad. Podemos ser proactivos y tomar medidas para evitar ajustes en el ámbito social", ha zanjado. Entre las propuestas del Gobierno gallego están la suspensión del plus de altos cargos, la supresión de tres días de libre disposición -pasan de nueve a seis, que es el número recogido en el Estatuto del Trabajador Público-, o la suspensión de las ayudas de acción social, con la excepción de la de discapacidad, que será de un máximo de 180 euros mensuales.

Además, ha proseguido la conselleira, "se va a regular el complemento para incapacidad temporal", es decir, la percepción de los trabajadores que estén de baja. Así, se garantizar la percepción del 100% de las retribuciones en los casos de accidente laboral, enfermedad profesional o maternidad. En el resto de los casos, solo se abonará el complemento -la Xunta complementa las prestaciones de la Seguridad Social- para llegar al 100% de las retribuciones a partir del día 21 de incapacidad.

La Xunta establecerá que la jubilación sea forzosa con carácter general en la edad legalmente establecida. El personal funcionario podrá pedir la prolongación de la permanencia en activo, hasta que cumpla la edad tope. Estas prolongaciones se concederán año a año. Sobre la reducción de jornada, Elena Muñoz Fonteriz ha explicado que "se habilita al Gobierno gallego para la reducción de la jornada del personal interino y el temporal". Por ello, ha sostenido que no se plantea como una situación obligatoria de inicio, pero "será obligatoria si así lo decide el Consello".

El Gobierno gallego determinará si adopta estas medidas en función de las necesidades y de "cada organización". En cualquier caso, ni para el personal interino ni para el laboral ni para el funcionario la reducción podrá superar el 30% de la jornada. La conselleira de Facenda ha defendido que las medidas pretenden "evitar hacer ajustes y preservar la prestación de servicios públicos fundamentales". Así, ha llamado al consenso y ha pedido a los sindicatos "comprensión y responsabilidad". Las propuestas son "reflexionadas, razonables y necesarias para que el Gobierno gallego pueda seguir blindando los servicios básicos", ha defendido y ha afirmado que "no tendrán repercusión en la prestación del servicio".

Feijóo fija en 80 millones el objetivo de disminuir los gastos de personal

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha cifrado en 80 millones de euros el objetivo de disminuir los gastos de personal, entre los que se incluye millón y medio de euros aproximadamente del plus de altos cargos que queda sin efecto desde este mes de febrero, "sin tocar" los sueldos de los empleados públicos. En declaraciones a la Cadena Cope, recogidas por Europa Press, el máximo mandatario gallego ha recordado que el plus de altos cargos se cobra en España desde 1994, mientras que Galicia "fue de las últimas comunidades que se incorporó" a su percepción, de la que se beneficiaban "unos 230 cargos aproximadamente".

"El objetivo de disminuir los gastos de personal está en el entorno de los 80 millones de euros, y el plus de altos cargos puede suponer 1,5 millones de euros", ha comentado Feijóo, quien ha reiterado que el Gobierno gallego va a "intentar no recortar" el sueldo de los empleados públicos. "Si disminuimos el capítulo de personal de gastos de la Xunta en 80 millones de euros, vamos a intentar no tocar las retribuciones de los empleados públicos", ha apostillado el jefe del Ejecutivo gallego, quien ha precisado, no obstante, que "si la economía sigue empeorando y los ingresos se desploman" y no son "capaces por la contracción" de cumplir el déficit público "lógicamente" tendrán "que seguir hablando".

"Hoy mismo hemos convocado a las organizaciones sindicales para pedirles un esfuerzo en el ámbito de la función pública", ha señalado el presidente gallego, que ha recordado que 90.000 personas trabajan en la Xunta de Galicia en todos los sectores. "Les vamos a pedir un esfuerzo y parecía razonable antes de pedir un esfuerzo a los empleados públicos, que los altos cargos de la comunidad sigan haciendo esfuerzos" y ha recordado que queda sin efecto el plus de altos cargos, que "no se va a percibir a partir de febrero", durante "el tiempo que dure la crisis". "Vamos a concretar con los sindicatos un plazo razonable, con un indicador razonable", ha esgrimido, para cuando se vuelva a crecer la economía poder "recuperar algunas cosas que en época de bonanza se pueden entender, pero en época de estrechez no se puede mantener".

"Vamos a anticiparnos a la contracción de la economía que, todo parece indicar se va a producir en el año 2012, e intentaremos ajustar el capítulo uno de gastos de personal de la comunidad autónoma con un objetivo: intentar no bajar la retribución de los empleados públicos", ha manifestado Feijóo. No obstante, ha abogado por "disminuir algunas cuestiones en el ámbito de la función pública que suponen dinero", como aspectos relacionados con días de libre disposición y el plus de altos cargos, con el fin de "reducir gasto ante la previsión de bajadas de ingresos de la Administración y mantener el objetivo de cumplir el déficit público pactado con el Gobierno central".

Por todo ello, el presidente de la Xunta ha incidido en los esfuerzos hechos "desde 2009" con la disminución de entes públicos y de contrataciones, entre otras cuestiones. "Llevamos haciendo esfuerzos a lo largo de casi tres años y ahora otro esfuerzo de 80 millones", ha concluido.

Los sindicatos consideran la propuesta de la Xunta "el ataque más grave" contra la función pública y preparan protestas

Los sindicatos de la función pública han manifestado su rechazo a las medidas planteadas por la Xunta, que han considerado "el ataque más grave" contra los trabajadores públicos en la historia de la comunidad, y han advertido de que convocarán protestas. Además, han criticado por escaso el plazo que se propone para negociar -15 días-.

Las centrales que acudieron a la reunión con la conselleira de Facenda, Elena Muñoz Fonteriz, han avanzado que tratarán de acordar medidas de protesta conjuntas. La primera, ha indicado el responsable de administración autonómica de CSI-CSIF, Juan Carlos Rivas, puede coincidir con la convocatoria de la mesa general de negociación, que será el próximo miércoles, día 8 de febrero. El plazo para las alegaciones de los sindicatos es hasta el martes, un tiempo escaso que muestra "mala fe negociadora", ha dicho. Para Rivas, la propuesta del Gobierno gallego es "lamentable". "Salvo la suspensión del plus de altos cargos, todo el resto de las medidas son el ataque más grave a los empleados públicos desde que se constituyó la comunidad", ha reprochado y ha dicho que "lejos de suponer un ahorro, son una cortina de humo para ocultar la incapacidad del Gobierno gallego para sacar a Galicia de la crisis", ha censurado.

La CIG, por su parte, ha mostrado su "rotundo rechazo a las medidas", que "implican recortes en las condiciones laborales y salariales y supresión de derechos del personal" de las administraciones públicas. "La Xunta pretende eliminar desde el cobro del 100% de salario en todas las bajas por debajo de los 21 días, hasta reducir de forma obligatoria un tercio de la jornada y, en consecuencia de salario, a los trabajadores interinos y contratados", ha reprochado. Además, ha destacado que el recorte afecta "a todo el personal de todas las administraciones", entre los que ha citado los entes dependientes, los consorcios, universidades o el Parlamento. La CIG ha reprochado que el Gobierno gallego pretende que los trabajadores "paguen los recortes que la administración va a hacer".

Las propuestas de la Xunta son "muy agresivas y lesivas" para el personal y suponen "un regresión en los derechos adquiridos, algunos de ellos consolidados desde los años 60 o 70 del siglo pasado", como el complemento de las bajas por incapacidad, que "penalizan a los trabajadores por el hecho de estar enfermos". "Si se necesita hacer un control de las causas de las bajas, la administración tiene mecanismos", ha recordado el sindicato nacionalista. Además, la organización interpreta que esta medida pretende "una vez más" seguir "deteriorando la imagen de su personal y, por ende, de sus servicios públicos".

UGT ha advertido de que "no hay margen para más recortes salariales" y ha argumentado que los empleados públicos ya "contribuyeron y siguen contribuyendo a esta crisis" con la merma de sus retribuciones, disminución de plantillas e incremento de cargas de trabajo. Además, ha advertido de que las medidas sobre la función pública "deterioran la cobertura de servicios públicos esenciales", algo que es "una de las principales preocupaciones" del sindicato. "Los empleados públicos ya están contribuyendo con su salario y con la cesión de determinados derechos en el ámbito de las relaciones laborales a compensar los déficit que genera la crisis", ha sostenido UGT y ha recordado que, como los trabajadores de otros sectores, "no son culpables" de la recesión.

CC.OO., por su parte, ha llamado a la "unidad" de las organizaciones sindicales para protestar y ha considerado también que, con estas propuestas, el Gobierno gallego "echa la culpa a los trabajadores públicos".
Además, CC.OO. ha destacado que en el caso de la única medida que no suscita rechazo -aunque sí críticas porque no se elimina definitivamente-, la suspensión del plus de altos cargos, tiene un impacto "insignificante" en relación al ahorro que se pretende conseguir, de 80 millones, puesto "su importe global es de 800.000 euros".

CSI-CSIF ha negado también que las medidas planteadas logren el ahorro que se proponen y ha acusado a la Xunta de hacer "demagogia barata" y de tratar disimular recortes al anunciar también las suspensión del plus de altos cargos. Tanto este sindicato como la CIG han incidido en que tanto la eliminación, en parte, del complemento en caso de baja es "especialmente grave", puesto que se aplica a personas en "situación de debilidad". Otra de las medidas que todos los sindicatos citan entre las que les han provocado más rechazo es la de la reducción de hasta un tercio de la jornada, que puede ser obligatoria para el caso de temporales e interinos. En este caso, ha expuesto el responsable de CSI-CSIF, afectará a personas que "ya tienen un trabajo precario".

La CIG ha apuntado que eliminar tres días de asuntos propios es "una rebaja implícita" del salario, puesto que son más días de trabajo por el mismo salario. Asimismo, ha considerado "inadmisible" retirar el fondo de acción social.

Nota de prensa remitida por el Gabinete de Comunicación de la Xunta de Galicia:

A conselleira de Facenda, Elena Muñoz Fonteriz, trasladoulles os representantes sindicais que a Xunta de Galicia manterá as retribucións dos empregados públicos, a pesar de que outras administracións as teñen baixado debido á crise económica, e propúxolles unha batería de medidas de eficiencia na función pública que xa se teñen tomado noutras autonomías. O aforro estimado é duns 80 millóns de euros ao ano.

No seus encontros con responsables de CIG, CC.OO., UGT e CSIF, Elena Muñoz Fonteriz reclamoulles comprensión e responsabilidade para poder chegar a un acordo sobre unhas medidas que cualificou de reflexionadas, razoables e necesarias para que o Goberno galego poida seguir blindando os servizos básicos, tal e como leva facendo nos últimos tres anos. Engadiu que son actuacións que non terán repercusión na prestación do servizo e que se formulan para evitar ter que facer axustes neste momento.

A titular de Facenda explicou nestas reunións que o obxectivo é axeitar as condicións na administración autonómica á situación económica actual e asegurou que as iniciativas que se barallan terán igual ou menor intensidade que nas comunidades onde xa están implantadas.

Muñoz Fonteriz transmitiulles aos representantes dos traballadores que os funcionarios ex altos cargos serán os primeiros en asumir estas medidas, xa que Galicia será unha das dúas únicas comunidades en suspender o complemento dos ex altos cargos, que sirve para igualalo ao valor do complemento de destino ou concepto equivalente que a Lei de Orzamentos Xerais do Estado fixe para os directores xerais, polo que este colectivo si verá diminuídos os seus ingresos.

Ademais, a Xunta prevé manter o complemento por incapacidade temporal desde o primeiro día de baixa ata o esgotamento do máximo legal nos casos de accidente de traballo, enfermidade profesional e maternidade. Nos demais supostos, a Seguridade Social aboará o 60% desde o cuarto día e a Xunta a partir do día 21 ata acadar o 100% das retribucións. En canto a axudas de acción social, manterase o pago de ata 180 euros mensuais por cada discapacitado.

O Goberno galego formula unha modificación para que a xubilación forzosa do persoal funcionarios se declare de oficio ao cumprir a persoa a idade legalmente establecida, algo que non será de aplicación a quen teña normas específicas de xubilación. A pesar disto, o persoal funcionario de carreira poderá solicitar a prolongación da permanencia na situación de servizo activo ata o cumprimento da idade máxima legalmente establecida, que se concederá, de ser o caso, por períodos dun ano renovables anualmente. A aceptación ou denegación dependerá de razóns organizativas, avaliación do desempeño da súa actividade e capacidade psicofísica do solicitante.

En canto aos días de libre disposición, poderá dispoñerse dos días ano que estableza a lexislación básica do Estado, como máximo, de permiso para asuntos persoais sen xustificación, atendendo sempre ás necesidades do servizo. Respecto ao horario, a xornada ordinaria para todo o sector público autonómico non será inferior ás 37 horas e 30 minutos.

Por outra banda, o persoal funcionario de carreira e o persoal laboral fixo poderá de forma voluntaria solicitar a redución da súa xornada, cunha diminución proporcional de retribucións, cun límite máximo do 33% da xornada efectiva. Igualmente o Consello da Xunta poderá acordar a redución de xornada do persoal interino ou temporal, tamén cun tope do 33%.

Unha vez coñecidas estas propostos, que afectará a toda a Administración autonómica, os sindicatos analizaranas co obxectivo de que poidan ser aprobadas polo Goberno galego nas vindeiras semanas. Elena Muñoz concluíu que agarda que Xunta e representantes dos traballadores sexan capaces de chegar a un acordo e que os sindicatos sigan actuando coa responsabilidade que xa teñen demostrado.