Crisis económica: los recortes aprobados por la Xunta para los funcionarios estarán vigentes dos años mientras los sindicatos piden que se retiren

Las "novedades" han sido anunciadas por el presidente Alberto Núñez Feijóo, que compareció ante los medios tras la reunión de su Ejecutivo, acompañado de la conselleira de Facenda, Elena Muñoz, para detallar el contenido de esta Ley de medidas temporales para empleados públicos, que recoge, entre otros extremos, la reducción de nueve a seis de los días de libre disposición y la "posibilidad" de reducir la jornada. En el caso de interinos y personal laboral temporal, la norma habilita al Consello de la Xunta para "decidir" sobre una reducción de jornada tras analizar las "necesidades" de la administración, pero Núñez Feijóo ha garantizado este jueves que se recortará "de forma excepcionalísima" y que "no se tocará" en ningún caso a los trabajadores de los ámbitos sanitario y educativo.

Conscientes de que estas medidas suponen "un esfuerzo" para los funcionarios, Feijóo y Muñoz han incidido en que servirán para evitar otras decisiones "más drásticas" como recortes salariales. "En lo que dependa de la Xunta no tocaremos las retribuciones", ha sentenciado el presidente, quien no ha descartado, sin embargo, que lo pueda hacer el Gobierno central en un futuro. Sí ha defendido que estas medidas, aprobadas entre críticas de empleados públicos y con la oposición frontal de los sindicatos, son "necesarias e imprescindibles" en el actual escenario, con un elevado índice de paro y la bajada de ingresos de las administraciones a causa de la contracción económica. "Da garantías al conjunto de los gallegos y a los empleados públicos", ha alegado el presidente.

Según Feijóo, las "garantías" para los funcionarios se traducen en que frenan reducciones salariales que hubo en otras comunidades, algunas "con mayor riqueza" que la gallega, como Cataluña o Valencia. En cuanto al resto de la ciudadanía, ha subrayado que estas medidas permiten evitar "que se toque" el gasto social o las inversiones productivas.

El presidente de la Xunta insiste en que los ajustes autorizados no sólo "evitan bajadas salariales", sino que son "más favorables" de las que han sufrido funcionarios de otras autonomías. Además, ha dado por hecho que la Xunta "se adelanta una vez más" y que sus iniciativas se exportarán "a comunidades y a la Administración del Estado". También ha destacado que es más "exigente" con los directivos del sector público y que suspende el plus de altos cargos. Al tiempo, ha subrayado que la Xunta invitó a los sindicatos a negociar "desde el principio" y ha remarcado que la ley será de aplicación "temporal". Eso sí, Elena Muñoz ha agregado que, de seguir la "recesión", se estará "igual que ahora".

En la misma línea que Feijóo, la responsable de Facenda ha enfatizado que las medidas de ajuste son "reflexionadas" y "adecuadas" al momento actual, que fueron presentadas ante los sindicatos y que "siempre" hubo voluntad negociadora por parte del Gobierno autonómico, aunque finalmente no fue posible el consenso. De hecho, ha recordado que se "amplió" el período de alegaciones apostando por "modular" el texto. Dicho esto, ha insistido en que el reto del Gobierno gallego es evitar la bajada de los sueldos. Igualmente, sobre las partidas de las que va a derivar el ahorro previsto de 80 millones de euros anuales, ha concretado que, una vez que se apliquen los cambios que permitirá la ley, se cerrarán unas cifras "estimativas" que se detallarán y comunicarán.

Junto con la revisión de dietas y salarios de directivos, la bajada de los días de libre disposición y la suspensión del plus de altos cargos, Elena Muñoz ha explicado que la nueva norma, que afecta a "todo" el personal dependiente de la Xunta, implanta la "jubilación forzosa" a la edad legal y que la jornada laboral semanal no sea inferior a las 37,5 horas. Igualmente, el Gobierno gallego regula la percepción por incapacidad temporal e introduce novedades con respecto al primer borrador entregado a los sindicatos. Así, se amplían los supuestos de abono del "cien por cien" del salario desde el primer día de baja, no sólo a enfermedades laborales, accidentes o maternidad, sino también a personas con embarazos de riesgo o paternidad, entre otros.

También se incrementa el porcentaje que abona la Xunta en el caso de bajas por enfermedad. Así, del primer al tercer día en la primera baja del año la Xunta abonará el 50 por ciento, el 40% en la segunda baja y "cero" en la tercera baja del año. A partir del cuarto día de baja y hasta el 20, aportará un 75% y a partir del día 21, "el cien por cien".

Unos 1.500 trabajadores exigen ante la Xunta en Santiago "la retirada" de las medidas de recorte en función pública

Unos 1.500 trabajadores públicos han exigido ante la sede de la Xunta en Santiago de Compostela la retirada del Anteproyecto de ley de medidas en el empleo público al considerarlo "un ataque a la dignidad" de los empleados y "un atentado" contra los "servicios fundamentales que una Administración pública debe servir al conjunto de los ciudadanos".Así lo han manifestado representantes de cuatro sindicatos de Función Pública --CIG, CC.OO., UGT y CSI-F- a los medios de comunicación ante la sede central de la Administración gallega, en donde los trabajadores públicos se han concentrado para exigir "el respeto" de sus derechos laborales coincidiendo con la celebración del Consello de la Xunta en el que el Gobierno gallego ha dado luz verde a la futura ley.

En este escenario, representantes de los cuatro sindicatos han coincidido al rechazar la "falta de negociación" de la Administración gallega para sacar adelante estas medidas. Así, el presidente de CSIF-Galicia, Juan Francisco Méndez, ha instado a la Xunta a "sentarse a negociar" y a "retirar las imposiciones", una postura que ha sido secundada por el representante de UGT-Galicia José Vázquez González, quien ha criticado que la Administración gallega "no acepta ningún tipo de negociación".

El delegado de personal de la CIG, Xosé Ramón Vázquez, ha calificado de "burla" la reunión mantenida el jueves por la comisión de personal en la que la Xunta, pese a contar con el voto en contra de los sindicatos, aprobó un decreto que, a su juicio, "ataca la dignidad de los trabajadores, los servicios públicos y la ciudadanía en general".

El secretario de organización de CC.OO. Galicia, Carlos Pardo, ha acusado al Gobierno de gallego de "cargase" el derecho a la negociación colectiva al "no negociar y decidir unilateralmente dejar de aplicar las cuestiones que estaban negociadas con trabajadores", cuestiones ante las cuales, ha avanzado que los sindicatos "no descartan nuevas protestas" así como convocar "huelga". Además, a través de la lectura de un comunicado, los manifestantes han criticado que "la mayoría" de las medidas llevadas a cabo por la Xunta "son humo y no suponen un ahorro real" y han recordado que "los cuatro sindicatos pusieron encima de la mesa medidas de ahorro real que la Xunta no tiene en cuenta y que harían que los ajustes fuesen iguales para todos, incluidos altos cargos".
Las movilizaciones se han repetido en diferentes localidades gallegas, así como en las principales ciudades.

Nota de prensa remitida por el Gabinete de Comunicación de la Xunta de Galicia:

O Consello da Xunta de Galicia aprobou con carácter temporal o Proxecto de lei de medidas temporais en determinadas materias do emprego público, que deixa sen efecto o plus de altos cargos, que permite non tocar o gasto social e manter os salarios dos empregados públicos e que blinda un menor ou igual impacto das actuacións respecto ás adoptadas neste ámbito noutras partes de España.

Na rolda posterior ao Consello, o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo asegurou que no contexto económico actual, co nivel de paro actual e coa baixada dos ingresos das administracións públicas como consecuencia da contracción da economía en España, o texto é “necesario e imprescindible” e, a continuación, explicou que a futura norma “dá garantías tanto ao conxunto dos galegos como aos empregados públicos”. Así, por un lado, detallou que, con carácter xeral, a lei vai a permitir non tocar o gasto social nin os investimentos dos presupostos autonómicos e, no que se refire ó ámbito concreto da Función Pública, evitará tocar as retribucións dos funcionarios, como xa fixo o anterior Goberno central ou outras comunidades autónomas.

A maiores, o titular do Executivo galego explicou tamén que o documento é máis esixente cos directivos autonómicos por dúas razóns. En primeiro lugar, porque Galicia é a única comunidade, xunto con Estremadura, que deixa sen efecto a percepción do plus de altos cargos. E, en segundo lugar, porque se habilita ao Consello da Xunta para revisar as retribucións dos directivos que traballan en entes públicos instrumentais da Xunta e para revisar as dietas e asistencias aos consellos de administración dos entes públicos empresariais da comunidade.

Así mesmo, o responsable do Goberno galego destacou a vocación temporal da lei e concretou que a lei terá unha aplicación de dous anos e, a partir de aí, poderase revisar en función da evolución da economía galega.

“Sacamos a lei conscientes de que supón un esforzo para os empregados públicos e convencidos de que nos permite evitar alternativas máis drásticas, como é a rebaixa dos soldos dos empregados públicos que xa se produciu na lexislatura anterior do Goberno de España, cunha diminucións do 5% da masa salarial de todos os empregados públicos. E comprometidos co triplo obxectivo: intentar non tocar as retribucións, garantir que todas as medidas sexan de menor impacto, é dicir, máis favorables para os empregados públicos galegos que do resto das comunidades; ser máis esixentes co persoal directivo da comunidade; e que sexa unha lei temporal de dous anos, revisable unha vez finalizado o período inicial”.

Por último, Feijóo subliñou a vontade de negociación mantida pola Xunta ao longo da elaboración do texto. “Invitamos desde o principio aos sindicatos a facer aportacións, ampliamos o prazo de alegacións e o revisamos dunha forma intensa, desde o proxecto inicial ao proxecto definitivo”.

Pola súa banda, a conselleira de Facenda, Elena Muñoz, destacou que estas medidas permitirán un aforro anual duns 80 millóns de euros e incidiu en que se trata dunhas medidas “reflexionadas, necesarias e axeitadas ao momento actual no que nos atopamos; cunha temporalidade de dous anos, a partir dos cales se revisarán en función da evolución do PIB da economía galega”.